El Consejo de Gobierno Foral, a propuesta del Departamento de Políticas Sociales, ha aprobado hoy el protocolo con la Comunidad Autónoma de Canarias para la coordinación de las actuaciones de traslado a Álava y la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, en el marco de la actual situación de contingencia migratoria.
En el marco del principio constitucional de la solidaridad interterritorial, la Diputación Foral de Álava y las restantes administraciones forales, a través del Gobierno Vasco, se comprometen a acoger en sus recursos a 18 menores migrantes, cuatro de los cuales
serán trasladados a Álava.
Las cuatro personas menores migrantes no acompañadas que serán trasladadas a Álava desde Canarias se incorporarán a recursos de atención integral a la infancia y adolescencia de carácter básico, y la Diputación Foral asumirá su tutela legal.
Mediante este convenio, las Administraciones Públicas de ambas Comunidades Autónomas se comprometen mutuamente a llevar a cabo las actuaciones para la asunción por parte de las Diputaciones Forales de la tutela de estas personas migrantes menores de edad.
Esta decisión, adoptada en coordinación por las administraciones públicas vascas, viene derivada del incremento de la llegada de niños, niñas y adolescentes migrantes sin referente familiar que son acogidos en la Comunidad Autónoma de Canarias procedentes del continente africano. Es una situación que desborda la capacidad de acogida y atención a la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad de ese territorio y, al mismo tiempo, multiplica las dificultades para que el sistema de protección pueda ofrecerles una respuesta adecuada, basada en el interés superior de la persona menor de edad.
Se trata de niñas, niños y adolescentes no acompañados que se encuentran en situación de
desamparo, sin familiares que puedan asumir su guarda, ni arraigo de ningún tipo.
Asimismo, deben hallarse en acogimiento residencial en centros de protección de menores o en alguno de los dispositivos de emergencia habilitados temporalmente como consecuencia de haberse desbordado los recursos.
La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor establece que las personas menores migrantes que se encuentren en el Estado español tienen derecho a la educación, asistencia sanitaria y los servicios y prestaciones sociales básicas, en las mismas condiciones que el resto de menores.
La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia acordó el año pasado el Modelo de gestión de contingencias migratorias, que contempla la posibilidad de que se declare una situación de contingencia migratoria. Dicha declaración implica la activación de un Plan de Respuesta que determina las necesidades de traslados a las diferentes comunidades autónomas, lo que así se hizo en septiembre de 2022.
