El proyecto vasco de Ley de Transición Energética y Cambio Climático tiene como objetivo alcanzar las cero emisiones en Euskadi para 2050 y plantea para ello una serie de medidas como incentivar fiscalmente actuaciones encaminadas a esa meta aunque descarta imponer sanciones.
El Consejo del Gobierno ha aprobado hoy este proyecto normativo, que la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha detallado después en rueda de prensa.
Se trata de una «herramienta clave» para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París de 2015 de limitar el aumento de temperatura global a 1,5 grados con respecto a la época preindustrial y con la Declaración Institucional de Emergencia Climática que en 2019 anunció el lehendakari, Iñigo Urkullu, de lograr una Euskadi neutra en carbono en 2050.
El texto establece «un marco jurídico estable» para que en 2050 se alcance el objetivo de cero emisiones netas, lo que pasa por reducirlas y lograr una mayor absorción de los gases de efecto invernadero.
Esa «neutralidad climática» se conseguirá estableciendo obligaciones de eficiencia energética, impulsando el hidrógeno verde y las renovables, promocionando proyectos relacionados con el almacenamiento de energía y de captura de CO2 y aprobando planes de movilidad, ha señalado Tapia.
Para lograr esa meta el Gobierno Vasco aprobará la «Hoja de Ruta 2050 de Transición Energética y Cambio Climático», un documento que «definirá la senda para alcanzar la neutralidad climática y la resiliencia» de Euskadi al cambio climático.
Esa Hoja de Ruta establecerá los objetivos cuantitativos y sectoriales, así como las actuaciones, herramientas y recursos necesarios para acelerar la descabonización.
OBLIGACIONES PERO NO SANCIONES
La ley no contempla un régimen sancionador porque «para eso están ya otras normas», aunque sí establece una serie de obligaciones que afectan a administraciones, hogares y empresas.
Todos ellos deberán contribuir a la neutralidad pero los que más contaminan deberán hacer un mayor esfuerzo para abandonar los combustibles fósiles y aumentar su eficiencia energética.
En Euskadi el 84 % de las emisiones provienen del sector energético, del transporte y de la industria. Dentro de la industria los mayores emisores son la fundición, la siderurgia, el papel, la bioquímica y el cemento y con ellos «se está trabajando» con mayor intensidad, ha explicado la consejera.
También los ciudadanos están llamados a tomar medidas como la instalación de placas solares en tejados, la sustitución de calderas de gas por otras de biomasa o bombas de calor y la creación de comunidades energéticas.
La ley propugna una política fiscal que incentive «actuaciones que favorezcan la adaptación al cambio climático o la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero» y que grave las que vayan en sentido contrario, aunque el foco se quiere poner en la incentivación.
De esta manera la fiscalidad premiará el autoconsumo energético, las iniciativas de economía circular, la menor generación de residuos y su valorización, la movilidad sostenible, el ahorro de agua y la modificación de los procesos de producción para reducir las emisiones de gases, entre otras posibilidades.
El Órgano de Coordinación Tributaria será el foro en el que se decidirán las medidas tributarías concretas a adoptar y luego las diputaciones forales las trasladarán a sus respectivos territorios, ha apuntado la consejera.
PERSPECTIVA CLIMÁTICA EN LOS PRESUPUESTOS PÚBLICOS
Otra medida económica es la incorporación de la perspectiva energética y climática en la elaboración de los presupuestos públicos, de manera que se identificarán las acciones que ayuden a la transición energética y se les dotará de recursos.
La ley prevé la creación de un Registro Vasco de Iniciativas de Transición Energética y Cambio Climático, en el que entidades inscribirán sus actuaciones en este terreno, lo que podrá traducirse en «beneficios administrativos» de cara a acreditar solvencia técnica en contratos públicos y a su valoración en la concesión de ayudas públicas.
La norma obligará a los municipios vascos de más de 5.000 habitantes a elaborar planes de clima y energía (será algo voluntario para las localidades de menor tamaño) y supondrá la creación de una Oficina de Transición Energética y Cambio Climático, que se encargará de inventariar las emisiones y fijar los posibles escenarios climáticos que servirán como referencia para las políticas públicas en este terreno.
Todo este proceso se regirá por el principio de «una transición justa que garantice la equidad y la solidaridad, sin dejar a nadie atrás», de manera que se prestará especial atención a los sectores económicos, territorios y población más vulnerables y se tendrá en cuenta «la variable de género, edad o diversidad funcional, de manera que la transición no se convierta en una nueva causa de desigualdades», señala la ley.
El proyecto legislativo será remitido ahora al Parlamento Vasco para su tramitación. La consejera ha confiado en lograr el consenso con otros grupos y en que la norma se aprobada antes de que termine la legislatura el verano del año que viene. EFE
Buena ley para los ricos. Que contaminen pero sin multas.