(EFE).- Representantes de SOS Racismo y de la comunidad musulmana de Álava se han reunido hoy con el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, para expresarle su rechazo a la instrucción 79 de la Ertzaintza que, a su juicio, sitúa a las mezquitas vascas como «posibles focos de captación de islamistas radicales».
La llamada instrucción 79 de la Ertzaintza, que sustituye a la 53, en la que se establecieron los protocolos para la lucha contra el terrorismo de ETA, está basada en cuatro ejes de actuación: prevención, protección ante posibles atentados, persecución del terrorismo y actuación tras un ataque yihadista.
El portavoz de SOS Racismo de Álava, Fede García, y el imán decano de la Mezquita Assuna de Vitoria-Gasteiz han mantenido un encuentro con Calparsoro en la que le han expresado su preocupación porque esta instrucción policial «señala a determinadas mezquitas como posibles fuentes de captación de yihadistas».
Fede García ha opinado al término de la reunión que «no se puede crear un ambiente islamófobo de forma gratuita. Sólo se debería actuar si la Ertzaintza tiene constancia de la comisión de un delito», en cuyo caso cabría incluso cerrar el centro religioso si judicialmente se considera procedente.
«Tiene que haber acusaciones concretas para actuar», ha recalcado el portavoz de SOS Racismo, quien ha querido acompañar en esta cita al representante de la comunidad musulmana en Vitoria, que «se siente dañada» por esta medida.
El imán de la mezquita Assuna ha recordado por su parte que el Código Penal considera perseguible e impone penas a quienes impidan el derecho a la libertad religiosa.
La instrucción de la Policía vasca establece las lonjas-mezquita como «lugares de especial atención y vigilancia», algo que según SOS Racismo pone a estos lugares «bajo sospecha», cuando «los delitos los cometen las personas, no las creencias».
Por ello considera que esta orden «daña el derecho universal a ejercer cualquier opción religiosa».
El fiscal superior del País Vasco ha comunicado a sus interlocutores que hará gestiones sobre este asunto, por lo que García cree que hablará con los responsables de la Ertzaintza y decidirá si esa instrucción es legal.