Vitoria, 31 ago (EFE).- El sindicato CC.OO. ha pedido hoy al juzgado de lo mercantil de Vitoria que no autorice el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción, que contempla la desaparición de 275 puestos de trabajo en el grupo Cegasa.

Varias decenas de trabajadores de esta compañía se han concentrado esta mañana frente a la sede del Palacio de Justicia de la capital alavesa para pedir al juzgado que en los próximos días se pronunciará sobre este ERE de extinción que no lo autorice.

Este sindicato entiende que no se ha acreditado la causa económica que invoca la administración concursal, ya que ha hecho una «selección inapropiada e interesada» de las empresas que conforman el grupo para presentar las cuentas.

El grupo Cegasa, dedicado a la fabricación de pilas y pequeños electrodomésticos, entró en concurso de acreedores el año pasado. Fundado en 1934, contaba con plantas en Vitoria, Oñati (Gipuzkoa) y China, con una plantilla formada por 900 personas: 500 en Euskadi y 400 en el resto de centros logísticos y oficinas repartidas por España y otros países.

Algunas de las unidades de negocio han sido absorbidas por fondos de inversión y otras compañías, como el caso de las tres unidades ubicadas en Oñati y las líneas de litio y comercial de Vitoria, que fueron compradas por el fondo capital riesgo Sherpa.

El delegado de CC.OO. Luis María Iñurrategi ha denunciado hoy la «tibieza y la falta de valentía» del Gobierno Vasco al «avalar las tesis de la empresa y la administración concursal» y al hacer «caso omiso a las tesis defendidas por la Inspección de Trabajo», que argumentó que no podía pronunciarse sobre la medida de extinción al no disponer de la totalidad de datos económicos que la avalen.

También ha criticado la «nefasta gestión de la dirección» de Cegasa, por sus medidas de «deslocalización» y por el «despilfarro de las cuantiosas ayudas públicas recibidas» en los últimos años y que ha cifrado en 20 millones de euros.

A estas denuncias ha añadido la de la «desaparición de propiedades intangibles y patentes que poseía la empresa» y que suponían la garantía de su futuro de «supervivencia».

Por último, ha denunciado los impagos desde el pasado mes de junio, aunque «algunas personas, entre las que se encuentran los cargos directivos que tienen los salarios más altos de la empresa, sí han cobrado parte de sus nóminas» y el resto de la plantilla no. EFE

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