Dicen ahora que NO al control de huella digital para la RGI

La Agencia Vasca de Protección de Datos (AVPD) ha advertido al Gobierno Vasco de que la normativa europea señala que la implantación de la huella digital, como se pretende poner en marcha en Lanbide, no puede ser obligatoria para los usuarios, sino que debe contar con el consentimiento previo y expreso de los afectados.

La directora de la AVPD, Margarita Uria, ha comparecido en la comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco, a petición de Elkarrekin Podemos, para dar su opinión sobre la implantación de la huella digital en Lanbide.

El Gobierno Vasco de coalición PNV-PSE decidió implantar un sistema de identificación y reconocimiento mediante la huella digital a todos los trabajadores y usuarios del servicio vasco de empleo, Lanbide, con el objetivo de agilizar la gestión de los trámites, incrementar los controles y evitar fraudes.

Este sistema afecta a las personas desempleadas y a los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) así como a cualquier ciudadano que realice trámites legales en Lanbide.

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, avanzó hace unos días que, tras la experiencia piloto que se ha desarrollado en los últimos meses en los servicios centrales de Lanbide, en el segundo trimestre del año se va a empezar a implantar el sistema en diez oficinas del servicio vasco de empleo para a partir del verano extenderla a toda la red.

Uria, en su comparecencia, no ha querido pronunciarse exhaustivamente sobre esta medida concreta en Lanbide porque aún no hay una normativa desarrollada, pero ha explicado que el Departamento de Políticas Sociales y Empleo remitió hace un mes a la AVPD un escrito en el que anunciaba la puesta en marcha del procedimiento para regular este sistema.

De ese escrito, ha asegurado Uria, se deducía que el Departamento pretende establecer la obligación general de la huella digital para los usuarios de Lanbide.

Y la AVPD en su contestación advirtió de que la normativa europea que regula estas cuestiones, que entra en vigor el 25 de mayo, establece como regla general la prohibición del tratamiento de datos salvo que el interesado dé su consentimiento explícito y con una finalidad concreta.

No parece, ha añadido, que este proceso que se quiere implantar en Lanbide se quiera hacer con el consentimiento explícito de los afectados porque se habla de un tratamiento obligatorio, algo que no está contemplado en la normativa europea, ha subrayado.

Además, la AVPD recuerda al Departamento de Artolazabal que el sistema que se implante debe regularse a través de una norma «con rango de ley» que además debe ir acompañada de una evaluación de impacto de riesgos por la utilización de los datos biométricos.

Ha puesto un ejemplo sobre estos riesgos: si hay un ataque en los sistemas informáticos que guardan esos datos, la huella digital quedaría comprometida en todos los servicios en los que se utiliza la misma característica biométrica, algo que no ocurre con las claves personales porque estas se pueden cambiar.

«Las posibilidades de revocar la identidad biométrica son muy limitadas y las consecuencias muy graves», ha insistido.

También Uria ha recordado al Gobierno Vasco que la Ley de Procedimiento Administrativo Común establece que las administraciones públicas tienen la obligación de proporcionar sistemas de identificación a los ciudadanos y estos tienen derecho a usarlos, pero «no es un deber» ni una obligación porque las personas físicas pueden relacionarse con las instituciones de modos distintos «y tienen todo el derecho a ello».