(EFE).- La procuradora de Podemos en las Juntas Generales de Álava Itxaso Roldán ha denunciado hoy que existen «carencias» en la herramienta de valoración de la exclusión social que ha puesto en marcha la Diputación alavesa al exigir el requisito de empadronamiento, que dejaría fuera a los «sin techo».
Roldán ha alertado de esta circunstancia en el pleno de control de la Cámara alavesa, en el que ha preguntado a la diputada de Servicios Sociales, Marian Olabarrieta, sobre estas carencias.
La juntera de Podemos ha dicho que actualmente hay «más de 100» personas «sin techo» en Vitoria y ha puesto en duda su acceso a los recursos sociales ya que la normativa excluye a los que no están empadronados.
Además, ha criticado que la norma obligue a que las personas con enfermedades mentales deban obtener antes un informe médico de estabilidad clínica si quieren optar a que evalúen su grado de exclusión social.
Por ello, Roldán ha pedido que la Diputación «sea flexible» con estos requisitos.
Olabarrieta ha reconocido que en esta herramienta de valoración de la exclusión social, activada el pasado mes de febrero, se incluye la obligación del empadronamiento «aunque sea del mismo día» en algún municipio alavés para las personas con permiso de residencia, mientras que para las que carecen del mismo la obligatoriedad es de 12 meses.
Sin embargo, la diputada ha advertido de que su departamento contempla excepciones en las que se pueda someter a valoración a personas que no estén empadronadas, como es el caso de las que viven en la calle, cuyos casos se estudiarán en la comisión técnica asesora para la valoración de la exclusión social que se prevé crear en el segundo trimestre de 2018.
Olabarrieta ha recordado que esta herramienta de valoración la creó el Gobierno Vasco en 2013 para que se aplicase en las tres provincias, y que ante la duda sobre el empadronamiento se ha solicitado un informe jurídico que avala estos requisitos.
Además, ha remarcado que en la actualidad el 88 % de las personas en situación de exclusión social «están ya empadronadas».
«Es fundamental tener una mínima estabilidad en el territorio donde se les va a valorar, ya que se trata de un proceso en el que es necesario establecer un contacto permanente para determinar cómo se puede responder de la mejor manera a sus necesidades», ha justificado la diputada.
Sobre la evaluación de la enfermedad mental, ha explicado que sin ese informe de estabilidad clínica o un tratamiento previo de la enfermedad no se podrá hacer la valoración «porque no recogería la situación real en la que esa persona se encuentra», pero mientras tanto «podrá acceder a recursos de atención diurna o residencial». EFE
