El deseo del Gobierno Vasco siempre es endurecer las restricciones anti pandemia sin que se le pueda llevar la contraria (jueces o Gobierno central). Para ello prepara una ley que previsiblemente aprobará antes del verano y que reflejará multas de hasta 600.000 euros por incumplimientos.
Se supone que esta cifra será para empresas, pero habrá que esperar a conocer el escalado completo y las afectaciones a los ciudadanos individualmente también.
Euskadi contará con una ley antipandemia que aportará «plenas garantías jurídicas» a las restricciones que imponga el Gobierno Vasco para contener la expansión de la covid-19 ante la «incertidumbre» sobre la continuidad del estado de alarma y de su «paraguas» legal después del 9 de mayo.
PNV y PSE han registrado este viernes en el Parlamento la «proposición de ley de medidas para la gestión de la pandemia COVID19», que se debatirá por la vía de urgencia, con lo que los tiempos de tramitación se reducen a la mitad. Además, al tratarse de una iniciativa de los grupos parlamentarios y no del Gobierno el trámite será aún más rápido.
La norma tiene garantizada su aprobación dado que los partidos que sustentan el Gobierno -nacionalistas y socialistas- tienen mayoría en la Cámara. No obstante, Luis Javier Telleria (PNV) y Ekain Rico (PSE) han pedido su respaldo a la oposición: «En la lucha contra este virus debemos estar todos».
El objetivo es que la ley pueda estar aprobada antes de que termine el actual periodo de sesiones, cuyo último pleno está fijado para el 24 de junio.
No será una norma aplicable a cualquier epidemia, sino que «responde a necesidades imperiosas y urgentes derivadas de esta pandemia en particular» porque hace falta «una ley concreta para una situación concreta» y porque las particularidades de cada epidemia (transmisión, virulencia, incubación, transmisibilidad o morbilidad) hacen que las medidas que sirven contra la covid-19 puedan no ser válidas en otros casos.
MULTAS
La norma, que incluye un régimen sancionador para «garantizar el cumplimiento de las medidas» con multas entre 100 y 600.000 euros, prevé cinco niveles de alerta en función de la transmisión del virus y seis indicadores epidemiológicos como el índice R0, la presión asistencial y la ocupación de las ucis, y el impacto de la pandemia por franjas de edades.
El nivel de alerta más bajo está marcado en 60 casos de incidencia acumulada por 100.000 habitantes en 14 días. En el momento en que se baje de esa cifra las restricciones dejarían de estar en vigor.
El segundo escenario va hasta los 150 casos, el tercero hasta los 300, el cuarto hasta los 500 y el quinto a partir de 500 casos, es decir, para situaciones de «transmisión muy alta».
En función de estos niveles de alerta se establecen una serie de restricciones y medidas sanitarias, algunas comunes a todas la fases como la distancia interpersonal de 1,5 metros, el lavado de manos, la ventilación, el uso de mascarilla o la obligatoriedad de guardar cuarentena en caso de contagio o de sospecha del mismo.
A partir del escenario cuarto las medidas se endurecen drásticamente y se abre la puerta a cierres perimetrales y suspender las actividades económicas no esenciales (o rebajar su aforo al 35 %), así como las culturales y las sociales.
También se estudiará la posibilidad de pasar de la educación presencial a la telemática y de prohibir toda actividad deportiva no profesional o semiprofesional, salvo prácticas individuales o de dos convivientes al aire libre.
En el quinto y peor escenario se «valorarán nuevas y más eficaces medidas de confinamiento individuales o para colectivos específicos, previa justificación y autorización o ratificación judicial» y se adelantarán los horarios de cierre de todas las actividades comerciales y sociales, con posible cierre de las que «más incidan sobre el contacto social».
La ley señala también que el Ejecutivo deberá informar al Parlamento cada 15 días de esas medidas sanitarias y de la evolución del coronavirus. En la actualidad la consejera de Salud, Gotzone Sagardio, comparece semanalmente a petición de PNV y PSE.
Con esta norma, además de dar soporte a las decisiones del Gobierno, PNV y PSE quieren «sacar el máximo partido al autogobierno» para poner las competencias autonómicas «al servicio de la lucha contra este virus».
Que se va a hacer con los insolventes que incumplen reiteradamente?
Son bastantes y en esos casos de nada sirven las sanciones económicas.
Una dictadura personalizada, vamos. Por mí, pueden ustedes tirar la Constitución Española (aprobada por nuestros conciudadanos el 6 de diciembre de 1978) a la basura. Para lo que sirve …
DICTADURA
Van a cobrar en abrazos, bueno ni siquiera eso porque a las cucarachas no se las abraza. Me han denunciado varias veces por infracciones de tráfico por el estado de alarma y no he pagado ni una sola multa desde el 89 y asi va a seguir siendo. Si nada tienes nada pueden quitarte. ¡FUERA AUTONOMÍAS YA!
¡Si tú no necesitas ni leyes ni normas ni ch. en vinagre!
En cuanto al tema, me gustaría saber cuanto dinero se recauda porque me temo que los únicos paganos son cuatro inocentes que han incumplido las normas por mero despiste.
Salud!
Carlista: es lógico que no tengas nada. Con tu coeficiente intelectual, lo tienes imposible. ¡Hala: a infringir normas! para eso no hay que razonar.