Las Juntas Generales de Álava han pedido a las instituciones competentes, con el apoyo de todos los grupos políticos, que garanticen que la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña no se convierta en un cementerio nuclear.
Por último, el pleno de las Juntas manifiesta su apoyo a un plan de transición ecológica y de reactivación económica para la zona de Garoña, que incluya también los municipios alaveses cercanos a la central.
La portavoz del PNV en Juntas Generales de Álava, Izaskun Moyua, ha explicado que a su formación le preocupan tres cuestiones: “el calendario, la calidad y la información que vayan a tener del desmantelamiento” de la central.
Por su parte, Kike Fernández de Pinedo, portavoz de EH Bildu, grupo que ha planteado esta iniciativa, ha vaticinado que el almacén temporal de residuos extenderá su vigencia “más allá de los cincuenta años” y ha asegurado que “será la ciudadanía quien pague sus costes”.
El juntero socialista Daniel Senderos ha expuesto que “el Gobierno central no puede hacer nada hasta diciembre de 2021 cuando Garoña pase a ser de titularidad pública”, pero ha querido dejar claro que “no va a ser un cementerio nuclear”.
El representante popular Borja Monje ha hecho hincapié en la necesidad de “elaborar un plan de revitalización económica para la zona” que palíe la perdida de trabajo tras el cierre de la nuclear burgalesa.
Por último, David Rodríguez de Elkarrekin Podemos ha insistido en que la central “no puede convertirse en un cementerio nuclear” y ha asegurado que aprovecharán “su posición en el Gobierno de España para avanzar en pro de su desmantelamiento”.
La central nuclear de Santa María de Garoña paró su producción temporalmente el 16 de diciembre de 2012 para proceder al vaciado de combustible, en una decisión empresarial basada en criterios económicos.
Posteriormente, en julio de 2013, el Gobierno de España anunció el cese de explotación de la nuclear, ya que veía imposible poder cumplir los plazos para la prórroga. Finalmente, en agosto de 2017, el Gobierno central denegó la autorización de continuidad del reactor nuclear de Garoña lo que motivó su cierre definitivo. EFE
