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Los grupos de la oposición han criticado las «insuficientes e imprecisas» explicaciones de Sagardui. La representante de EH Bildu Rebeka Ubera incluso ha dudado de si realmente se ha hecho esa investigación y ha criticado que la Mesa del Parlamento «bloquee» sus peticiones para escuchar en la comisión «otras voces» que hablen de lo ocurrido en Basurto y Santa Marina.

Si persiste la negativa a tramitar esas peticiones, ha advertido, EH Bildu entenderá que se «quiere ocultar la verdad» y planteará la reprobación de Sagardui en el pleno del Parlamento.

Jon Hernández (Elkarrekin Podemos-IU) ha deseado también oír las versiones de otros implicados «para contrastar» las «escuetas» explicaciones de la consejera, mientras que la popular Laura Garrido mantiene sus «dudas» sobre lo ocurrido y no ve a Sagardui «habilitada para seguir» en el cargo.

Desde los partidos del Gobierno, el nacionalista Javier Tellería y el socialista Ekain Rico han valorado la «respuesta contundente» del Departamento de Salud cuando se descubrieron las irregularidades, han defendido la actuación «correcta» de la consejería y han dado el tema por «aclarado y zanjado».

EL INFORME

El informe del Departamento de Salud sobre las vacunaciones irregulares contra la covid en el Hospital de Basurto que derivó en el cese de su gerente Eduardo Maiz ha concluido que «al menos indiciariamente» hubo una inadecuada gestión de los recursos públicos.

Así lo ha indicado la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, durante su comparecencia semanal en el Parlamento en la que ha dado cuenta de las conclusiones de este informe encargado por su consejería a una «persona ajena a Osakidetza y al Departamento».

El documento indica que para extraer cualquier otra conclusión de tipo disciplinario o vinculada con una supuesta negligencia intencionada en la toma de decisiones habría que realizar nuevas diligencias en el seno de otros procedimientos de investigación o disciplinarios.

El pasado enero se conoció que en el Hospital de Basurto Maiz y tres jefes de servicio se vacunaron el 3 de enero, saltándose el turno establecido, aprovechando viales sobrantes de un centro de mayores -que también sirvieron para inmunizar a varios ancianos ingresadas- pero no dejaron constancia oficial de ello.

Por este motivo Maiz fue cesado después de negarse a dimitir y se abrió un expediente informativo para saber por qué no se registraron esas cuatro vacunas.

También dejó el cargo el gerente del Hospital de Santa Marina José Luis Sabas que dimitió tras vacunarse cuando no le correspondía dentro de la inoculación masiva del personal de este centro. La consejera ha reiterado hoy que esa vacunación masiva fue un error y que ella en ningún momento la autorizó.

Sobre lo ocurrido en Basurto, el informe explica que en el momento de la vacunación irregular no había un documento que describiera un procedimiento integral de gestión de vacunas elaborado por el Departamento de Salud u Osakidetza que desarrollara la estrategia elaborada por el Ministerio para su aplicación en Euskadi.

Lo que sí existía eran los criterios aprobados por la estrategia de vacunación contra la covid para todas las comunidades autónomas y también era conocida la instrucción que Osakidetza envió sobre cómo abordar la vacunación del personal sanitario.

El informe precisa que aunque no había una instrucción clara sobre el uso de vacunas sobrantes de las residencias de ancianos, el criterio era dar prioridad a las personas mayores residentes.

El instructor destaca asimismo que los responsables de la vacunación en Basurto demoraron hasta el último día la decisión sobre a quién dar las dosis sobrantes y que no consultaron la cuestión con la central de Osakidetza ni con el Departamento de Salud.

«Se administraron las cuatro dosis sobrantes a jefes de servicio y al gerente en lugar de hacerlo a residentes del hospital con perfil similar a los destinatarios iniciales de la vacunación o a trabajadores de residencias de mayores, o en ultima instancia a trabajadores que no estuvieran en cargos directos o de especial responsabilidad», afirma el informe, que concluye que hay indicios de una «inadecuada gestión de los recursos públicos».

El expediente informativo también constata una «demora injustificada» en el registro de esas vacunaciones irregulares, aunque en este caso no percibe una «vulneración de la ley» porque, según ha explicado la consejera, la persona encargada «no tuvo intención de ocultar», sino que retrasó el trámite porque tenía claro cómo llevarlo a cabo y «quería hacerlo bien».


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