(EFE).- La familia Manzanares Cortés, conocida como «los Pichis», recurrirá la multa de 180 euros impuesta por un juzgado de Vitoria por amenazar a una exempleada de una panadería del barrio de Abetxuko.
Así lo ha anunciado a Efe SOS Racismo Araba, organización que ejerce de portavoz de esta familia que el pasado enero fue condenada también a pagar una multa de 810 euros por ocupar de forma ilegal durante cuatro meses una vivienda en este barrio vitoriano, un hecho que ha llevado a los vecinos a manifestarse diariamente contra su presencia.
SOS Racismo de Álava ha explicado que tienen un plazo de cinco días para interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial y que quieren hacerlo porque la sentencia del Juzgado de Instrucción 1 de Vitoria «parece» una resolución «prefabricada de antemano».
Este juzgado ha condenado a una de las hijas del matrimonio Manzanares Cortés y a otras dos chicas al pago de una multa de 180 euros cada una por un delito leve de amenazas.
El juicio por estos hechos tuvo lugar el pasado 16 de enero, y en él la exempleada de la panadería ratificó ante la jueza las amenazas e insultos que supuestamente profirieron contra ella las acusadas cuando les advirtió de que no les llegaba con el dinero que mostraban para pagar lo que habían cogido y les pidió que salieran porque iba a cerrar.
Según ha declarado probado el juzgado, las acusadas -sólo se presentó al juicio una de ellas- insultaron a la dependienta y la amenazaron diciendo: «Vamos a venir por ti, tú no sabes con quién te has metido, no sabes quiénes somos».
SOS Racismo ha precisado que esta familia «diariamente» está siendo objeto de insultos por parte de vecinos de Abetxuko en presencia de las fuerzas de seguridad sin que se derive «actuación alguna» a pesar de que se han puesto denuncias en la Ertzaintza.
El portavoz de SOS Racismo Araba, Fede García, ha censurado el «veneno social dominante en Abetxuko» que provoca una situación de «estrés permanente en esta familia» que «solo quiere vivir en paz».
En declaraciones a Efe, Oskar González, el presidente de la asociación Uribe Nogales, la más numerosa de Abetxuko, ha valorado esta resolución.
«Lo importante no es en sí la cuantía económica sino que efectivamente se ratifica lo que venimos denunciando desde el barrio», ha explicado González, quien ha destacado que es la segunda sentencia condenatoria contra una familia que no ha ido a Abetxuko con «muchos planes de convivencia» sino con una actitud de «prepotencia hacia una comunidad entera».
González ha anunciado que esta tarde está prevista una manifestación para visualizar «una vez más el sentir de la mayoría» del barrio que, según ha dicho, «está por que esta familia se marche» de Abetxuko.
También ha recordado que todavía queda en el juzgado una denuncia por resolver, la interpuesta por la copropietaria de la casa donde ahora viven de alquiler los miembros de la familia Manzanares Cortés.
Tras ser desalojados en diciembre de la vivienda que habían ocupado en ese mismo barrio, la familia firmó un contrato de alquiler en otra casa de la misma calle que les permitió empadronarse en la ciudad.
La nueva vivienda es propiedad de una mujer y su hija, y esta última ha denunciado dicho contrato de alquiler.
Mañana, un grupo de personas que trabajan en Vitoria por los derechos humanos ha convocado una rueda de prensa para hacer un llamamiento público a la convivencia en Abetxuko.
