El sindicato ELA ha instado a las instituciones vascas, tanto locales, forales, como autonómicas, a «adoptar las medidas necesarias para la aplicación del derecho a las primas de jubilación» a los empleados del sector público.
ELA se ha pronunciado de esta manera después de que un juzgado de Vitoria reconociese el derecho a percibir estas primas al personal docente de la educación pública que se jubiló anticipadamente desde 2011.
La central vasca recuerda que, en 2018, el Parlamento ordenó al Gobierno Vasco que levantara la suspensión del derecho a estas primas en los ámbitos bajo su responsabilidad, es decir, en Educación, Osakidetza, la Administración General y la Ertzaintza.
Sin embargo, según ELA, el Gobierno Vasco sigue incumpliendo el mandato parlamentario recibido en 2018 y el derecho recogido en los convenios laborales.
A esto se añade que tanto la Diputación Foral de Gipuzkoa como otros Ayuntamientos han amenazado a sus trabajadores, según este sindicato, con la retirada unilateral de las primas de jubilación que hasta ahora venían abonando y que están recogidas en sus respectivos convenios colectivos.
«Estamos ante un nuevo ataque a los 140.000 trabajadores y trabajadoras que conforman el sector público de la CAV», interpreta ELA.
«Parece bastante evidente que el Gobierno Vasco y los gobiernos de los Ayuntamientos y las Diputaciones Forales pretenden arrebatarnos un derecho adquirido por negociación colectiva. Los unos directamente suprimiendo el derecho de los convenios, los otros por la vía de una suspensión normativa infinita», mantiene.
La central vasca «tiene claro que el derecho conseguido por negociación colectiva es de obligado cumplimiento».
«Por ello -agrega-, más allá de analizar las posibilidades que puedan existir jurídicamente, insta tanto al Gobierno Vasco como a los gobiernos de las Administraciones locales y forales y a los partidos del Parlamento Vasco a adoptar las medidas necesarias para la aplicación del derecho a las primas de jubilación en el sector público».
El sindicato advierte de que «activará también la vía de la movilización en defensa de este derecho en todos los ámbitos en los que sea necesario».
Las pensiones de jubilación e invalidez de 12.600 vascos aumentarán un 15 %
Un total de 12.681 vascos se beneficiarán de la subida transitoria del 15 % de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez hasta final de año, como aprobó el pasado sábado el Consejo de Ministros dentro de la segunda fase del plan nacional para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Ucrania.
El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha repasado este martes algunas de las ayudas que el decreto ley aprobado el sábado -pendiente aún de ser convalidado en el Congreso- destinará el Ejecutivo a Euskadi, con motivo de su visita a una explotación ganadera en Kostera, en el Valle de Ayala.
Ha subrayado que el sector ganadero es uno de los más afectados por la subida de los precios y ha recordado que en Euskadi hay 525 ganaderos, con una cabaña de 18.982 vacas, 74.304 ovejas y 2.214 cabras, que también obtendrán ayudas, ya que el Gobierno destinó a este fin 6,8 millones, de los cuales 4,18 fueron para el sector lácteo.
Por otra parte ha mencionado que la segunda fase del plan mantiene también el incremento del 15 % del Ingreso Mínimo Vital (IMV). «En el País Vasco, se habían concedido hasta el pasado 12 de junio 21.879 prestaciones para un total de 44.666 beneficiarios», ha indicado el delegado del Gobierno.
Como novedad, el plan recoge una ayuda directa de 200 euros para asalariados, autónomos y desempleados inscritos en las oficinas de empleo que residan en hogares con una renta inferior a los 14.000 euros, un pago único que se podrá solicitar durante el mes de julio.
También siguen vigentes los descuentos del bono social eléctrico para consumidores vulnerables. En el caso de Euskadi hasta abril un total de 51.385 vascos se beneficiaban de este bono.
Respecto a las medidas de apoyo al sector del transporte de mercancías por carretera, en Euskadi se podrán beneficiar 8.094 empresas y autónomos que recibirán entre 1.250 euros por camión, a 900 euros por autobús, 500 por furgoneta y 300 euros por taxi, VTC o ambulancia.
También ha mencionado la limitación a la actualización de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda que impide subidas superiores al 2 %. En este sentido, Itxaso ha indicado que «un total de 110.500 hogares en Euskadi viven de alquiler, lo que supone un 12,10 % del total de la comunidad».
El paquete de medidas mantiene asimismo la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible hasta el 31 de diciembre. El País Vasco tiene registrados 1.254.628 conductores, todos ellos potenciales beneficiarios del ahorro.
Denis Itxaso ha ensalzado la «celeridad» del Gobierno para «mitigar el impacto del alza de precios en los hogares y colectivos más vulnerables, así como en el tejido productivo», con el fin de lograr una «recuperación justa» para que el impacto de la pandemia o de la guerra «no genere nuevas brechas de desigualdad, tampoco en Euskadi», ha dicho. EFE
