La reforma fiscal alavesa no incluye deducciones por seguros de salud ni gimnasios, algo que sí ha planteado el PNV en Bizkaia, sin apoyo de sus socios socialistas. Una intención en Bizkaia.
¡Bien hecho!
El diputado general, Ramiro González, y la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, Itziar Gonzalo, han presentado este viernes el proyecto de normativa tributaria, unos «retoques» fiscales que inician ahora su trámite en las Juntas Generales.
Ambos han asegurado que en Álava nunca se ha planteado la inclusión de esas deducciones por gimnasios y seguros privados, y han opinado que si las aprueba Bizkaia no habrá desarmonización fiscal, porque unas deducciones no son un elemento esencial.
«No somos idénticos, tenemos deducciones diferentes. Por ejemplo, Álava ha ido por delante en deducciones a los cuidadores y a las inversiones en sostenibilidad», ha explicado la diputada de Hacienda.
Las medidas tributarias de la nueva normativa se centran en cuatro ejes: la deflactación de la tarifa del IRPF, la vivienda, los cuidados y la atracción de talento.
La deflactación de la tarifa del 3 % ya es conocida, para no pagar más de renta al subir los salarios. González ha justificado la cifra -cuando la inflación está en el 4,8 %- porque responde a la subida del salario medio en Euskadi.
Para los trabajadores se refuerza el apoyo a las rentas más bajas y medias al ampliar los umbrales que permiten acceder a una mayor reducción en los rendimientos del trabajo.
La bonificación máxima de 8.000 euros se extenderá a contribuyentes con salarios netos de hasta 18.800 euros, frente a los 14.800 euros actuales, mientras que el umbral para aplicar la reducción mínima de 3.000 euros se eleva hasta los 25.000 euros.
En vivienda aumentan los incentivos al alquiler asequible
La vivienda concentra una parte importante de las nuevas medidas tributarias.
Así, se incrementan los incentivos para potenciar el alquiler asequible, elevando las bonificaciones del 70 % actual hasta el 75 % vinculados a programas públicos o alquileres ajustados a los precios de referencia si la persona arrendataria es menor de 36 años o si el propietario de la vivienda la ha rehabilitado en los dos años anteriores.
Las medidas incluyen también incentivos para movilizar inmuebles vacíos y facilitar el acceso a la compra: los jóvenes menores de 36 años podrán beneficiarse de un tipo reducido del 1,75 % o 3 % en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales frente al tipo general del 2,5 % o 4 %, mientras que la fiscalidad se endurecerá para los grandes tenedores, con tipos que oscilarán entre el 5 % y el 7 % en función del número de viviendas adquiridas.
Además, los ayuntamientos podrán establecer recargos de hasta el 150 % en el IBI para alojamientos turísticos ubicados en zonas de mercado tensionado.
En el ámbito social, Álava reforzará las deducciones por cuidados, que ascenderán a 500 euros con carácter general y hasta 1.000 euros en el caso de hogares monoparentales.
Además, se eximirán de tributación las indemnizaciones percibidas por víctimas de abusos en la infancia y la adolescencia en el ámbito de la iglesia católica.
La propuesta refuerza el apoyo a la formación y al empleo juvenil: las empresas podrán deducirse el 20 % de los costes salariales asociados a contratos de formación continua y dual.
El proyecto busca reforzar la atracción de talento cualificado mediante una exención del 42 % de los rendimientos del trabajo, o del 30 % para profesionales especializados en ámbitos estratégicos como la I+D+i, la tecnología o la transición energética.
Del mismo modo, se incorporan deducciones por movilidad geográfica para favorecer la llegada de profesionales al territorio.
Por último, el paquete fiscal incorpora una deducción del 5 % para la adquisición de vehículos nuevos vinculada al achatarramiento de vehículos de más de 20 años o con elevadas emisiones, con un periodo de vigencia de dos años y límites de precio de 30.000 euros para vehículos convencionales eficientes y de 40.000 euros para vehículos eléctricos o de cero emisiones.
Todas estas medidas deben ser aprobadas en las Juntas, donde los partidos que conforman el Gobierno Foral, PNV y PSE-EE, no tienen mayoría absoluta, por lo que necesitarán llegar a acuerdos con algún grupo de la oposición para sacarlas adelante.
