La familia del joven de 22 años, interno en el Centro Penitenciario de Álava, que apareció muerto la pasada semana en su celda se personará en el caso para que se investigue la situación en la que se encontraba el recluso y si la administración penitenciaria obró con la diligencia debida durante las semanas previas al suceso.
El cuerpo de este joven, sobre el que pesaba una larga condena, fue hallado en su celda cuando los funcionarios acudieron a hacer la apertura diaria de las celdas.
El fallecido llevaba en el centro penitenciario hace casi dos años y medio y el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales informó de que no se habían detectado en él indicios que motivaran la activación del protocolo de prevención de suicidios.
La asociación de ayuda a presos Salhaketa se ha concentrado este martes en Vitoria para denunciar este hecho. En la concentración se ha entregado un comunicado en el que se asegura que la familia de este recluso ha decidido personarse en el caso por esta muerte.
La familia quiere que se investigue la situación en la que se encontraba y si las autoridades penitenciarias han obrado con la diligencia debida durante las semanas anteriores y el mismo día del fallecimiento.
Aportará al Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria toda la información que ha recabado para contribuir a esclarecer lo ocurrido.
Además, en el comunicado asegura que el Gobierno Vasco tuvo una actitud «fría» hacia ellos. «Fuimos nosotros los que contactamos con el Departamento de Justicia y no al revés», señalan los familiares.
ARGELIA
La familia ha informado de que el cuerpo continúa en Euskadi a la espera de que el consulado de Argelia, país de origen del fallecido, emita el salvoconducto que permita repatriarlo.
Preguntada por esta denuncia, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, ha dicho desconocerla y se ha mostrado extrañada al afirmar que ella misma había estado con la madre del fallecido, quien se mostró «muy agradecida» con la ayuda prestada por el Gobierno Vasco, tanto «espiritual como psicológica».
No obstante, en la comparecencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno Vasco, ha dejado claro que analizarán las quejas de los familiares. EFE
Quién pagará la repartiacion?
¿Que delitos había cometido para tener una larga condena?
Quizás sus victimas podrían reclamar indemnizaciones por los daños sufridos a los herederos del delincuente, su familia, que viene a quejarse, espero que no pretenda que seamos los contribuyentes españoles los que paguemos la repatriación del delincuente.
Hacen bien, qué cojones. Aprovecharse del cretinismo generalizado es constitucionalyestatutario.
La familia muy poco tiene que ver en esta situación…! Tal vez se tendría que pedir explicaciones a la asociación de los derechos de los presos que es la que está metida en medio de todo. Con el dinero público que bien se queda, si lo tendrían que poner de su bolsillo todo cambiaria!