Un preso de Álava espera un "vis a vis" con su perro que morirá

 La administración penitenciaria aprueba en Euskadi más de 400 terceros grados a presos al año, una cifra que ha desvelado la consejera de Justicia del Gobierno Vasco, María Jesús San José, para desmentir las acusaciones del PP de que solo se conceden a etarras.

La consejera ha respondido en el Parlamento a una pregunta del PP sobre la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de recurrir el tercer grado penitenciario concedido al etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi, condenado a más de mil años por 15 asesinatos, condena que cumple en la prisión de Basauri (Bizkaia).

La Fiscalía reconoce que el interno «muestra una evolución muy favorable en el tratamiento penitenciario», pero apunta para justificar su recurso que «aún cuando se haya cumplido las tres cuartas partes de la condena de 30 años, la suma total de las penas impuestas es de 1.123 años de prisión y los hechos objeto de condena de extrema gravedad».

La consejera ha asegurado que no iba a valorar un recurso concreto sobre un interno, aunque ha recordado que, en general, para conceder el tercer grado hay que ponderar la evaluación de la conducta y el tiempo transcurrido, lo cual «es subjetivo, es normal en derecho, y la existencia de recursos es saludable».

La consejera ha negado las acusaciones del PP de trato de favor hacia los presos de ETA, que según Santiago López (PP), acceden a beneficios que el resto no disfrutan.

San José ha defendido que el tercer grado «no es un privilegio de unos sobre otros», y ha ofrecido los datos de las resoluciones clasificatorias de tercer grado desde que el Gobierno Vasco asumió las competencias sobre las tres prisiones vascas, en las que hay unos 1.900 internos, de ellos algo más de un centenar de ETA.

En 2022 se concedieron 459 terceros grados; en 2023, 476; en 2024, 446, y en lo que va de año, unos 400.

San José ha recordado que los presos en tercer grado «siguen cumpliendo condena, no están en libertad ni se da por cumplida la pena», y ha defendido que es el grado «más adecuado para que el penado se vaya reintegrando en la sociedad». EFE

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