EH Bildu permitirá con su abstención la aprobación este jueves en el Parlamento Vasco de la modificación de la Ley de Empleo Público promovida por el PNV en la que se plantean medidas para dar más seguridad jurídica a los perfiles lingüísticos en las administraciones ante la incertidumbre generada por varias sentencias judiciales que han tumbado los requisitos del euskera en determinadas plazas.
PNV y EH Bildu han firmado este miércoles un acuerdo en el que asumen el compromiso de que la coalición abertzale se abstenga en la votación de esta ley y realizarán un seguimiento compartido y una evaluación basada en criterios objetivos del despliegue, aplicación práctica, consecuencias jurídicas y eficacia real de la ley.
Para ello se constituirá una comisión de seguimiento que comprobará si la modificación normativa contribuye realmente a reforzar la seguridad jurídica, garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía y posibilitar «una aplicación proporcionada, motivada y eficaz de la planificación lingüística en las administraciones públicas vascas».
Según consta en el acuerdo difundido, en el caso de que la ley no sirva para cumplir con sus objetivos principales, que es el blindaje del euskera frente a sentencias judiciales, se iniciará «un análisis jurídico-político ordenado» para elaborar una nueva propuesta en la que se tomarán como base los modelos de otras comunidades autónomas con dos lenguas oficiales, como Cataluña y Galicia.
No será una comisión formal
También en esa propuesta se utilizarían como referencias otros elementos relacionados con la «experiencia acumulada» en Euskadi, el marco jurídico e institucional propio del autogobierno vasco, la realidad sociolingüística o la doctrina del Tribunal Constitucional.
El seguimiento no se plantea como un órgano formal, sino que será un espacio «estable» de intercambio entre partidos orientado a compartir información, detectar problemas y analizar la evolución de la aplicación legislativa, según consta en este pacto que firman, por parte del PNV, el portavoz parlamentario, Joseba Díez Antxustegi, y su compañero Markel Olano, y por EH Bildu el portavoz en la Cámara, Pello Otxandiano, y Josu Aztiria.
Las reuniones serán cuatrimestrales y la comisión de seguimiento se constituirá dentro del primer mes a partir de mañana, cuando se aprueba la ley. Habrá una evaluación global que se llevará a cabo del segundo año de su creación.
Transcurridos tres años se hará otra evaluación sobre el grado de cumplimiento de la reforma y las dificultades detectadas.
EH Bildu había presentado su propia proposición de ley para blindar la exigencia del euskera en las OPE pero durante el trámite parlamentario fue rechazada por el resto de los grupos y este jueves en el pleno de la Cámara se vota la del PNV, partido que no tiene los votos necesarios (27 de los 75) para que sea aprobada porque su socio en el Gobierno Vasco, el PSE, se desmarcó de la misma desde el principio.
Así, con la abstención de EH Bildu, grupo que también tiene 27 parlamentarios, la proposición de ley del PNV podrá salir adelante a pesar del previsible voto en contra del resto de los partidos con representación, que suman 21 escaños.
Básicamente lo que se cambia en la Ley de Empleo Público es que a partir de ahora no habrá un índice general de obligado cumplimiento que determina qué porcentaje de los puestos de trabajo de las administraciones deben tener asignado un perfil lingüístico de euskera de carácter obligatorio (preceptivo).
Este índice general, según el PNV, ha sido el principal punto de fricción y anulación de los requisitos en la reciente jurisprudencia.
Así, cada entidad tendrá su índice propio que determinará con «el máximo rigor» qué plazas tienen fecha de preceptividad y cuáles no, justificándolo mediante criterios de proporcionalidad que tengan en cuenta la función del puesto, los criterios lingüísticos de uso y la realidad sociolingüística del entorno.
Un plazo para acreditar el perfil
Además, según el texto legal, las administraciones públicas podrán establecer plazas con perfil lingüístico cuya exigencia se difiera en el tiempo. Con esa fórmula en todas las OPE habrá obligatoriamente un número de plazas con preceptividad diferida.
De este modo, las personas podrán acceder a esos puestos sin acreditar inicialmente el perfil lingüístico, disponiendo posteriormente de un plazo para alcanzarlo, con el compromiso de la propia administración de facilitar la formación necesaria.
EH Bildu, por contra, defiende, como principio general, que todo el personal empleado de las administraciones públicas vascas deberá conocer correctamente las dos lenguas oficiales, tanto de forma oral como escrita, de forma que sean capaces de desempeñar las funciones propias de su puesto de trabajo.
Apuesta por que todos los puestos de trabajo públicos que salgan a convocatoria tengan perfil lingüístico preceptivo teniendo en cuenta las características comunicativas de cada uno de ellos y las destrezas lingüísticas exigibles para su cobertura.
También plantea que las administraciones públicas vascas y sus organismos aprueben sus correspondientes instrumentos de planificación lingüística y determinen el número de dotaciones de puestos de trabajo en los que estará exenta o aplazada la acreditación del perfil lingüístico preceptivo y del plazo dentro del cual deberá acreditarse, recibiendo la correspondiente formación. EFE








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