Hace unos días conocíamos que el Gobierno Vasco, a través de la sociedad pública de alquiler del Gobierno Vasco, Alokabide, interponía una denuncia por un delito de coacciones contra la comunidad de propietarios de Asteguieta (Vitoria) que supuestamente impide el acceso a Los Pichis, a un piso en ese edificio. Hay ya decisiones judiciales previas.
Sin embargo, previamente a esa información pública ha habido un par de acontecimientos reseñables en este conflicto.
En una carta firmada por el viceconsejero autonómico de Vivienda y enviada a la familia Mazanares Cortés, recuerda una serie de fechas y hechos de interés en este conflicto.
«El lunes 4 de diciembre, Alokabide, interpuso la correspondiente denuncia por actos vandálicos sin poder identificar de manera fehaciente a los autores materiales de los hechos».
Ese mismo día se mandó un cerrajero para colocar una puerta provisional, pero ante las «amenazas» tuvieron que desistir. El día 11 de diciembre se intenta acceder a la vivienda acompañados de la Policia Municipal y se vuelve a desistir.
El día 17 se remite un burofax al administrador para que de traslado a los propietarios de la situación.
Primera decisión judicial
El día 18 de diciembre se interpone una demanda de solicitud de auxilio ante el Juzgado de Guardia. para que se adopten medidas de protección para reparar los daños causados. «La resolución judicial de primera instancia procede al archivo de actuaciones» y resuelve que «no siendo posible identificar a los causantes de los daños no puede pronunciarse para la adopción de medidas frente a nadie».
El 10 de enero presentan «recurso de reforma y de apelacion»
Segunda decisión judicial
El día 12 la Audiencia Provincial dicta «auto desestimatorio a los intereses de Alokabide confirmando el criterio de primera instancia».
El 15 de enero hay un nuevo intento de arreglar la casa y se acudió con «dos agentes de seguridad privada» además de una patrulla de la Ertzaintza. Ahí se conoce el cambio de cerradura del portal.
Se requiere notarialmente,. El 17 de enero va un notario y se detecta que el portero automatico «tambien se ha inutilizado»
La carta justifica las nuevas acciones judiciales tras «la obtención de nuevas pruebas». Veamos que ocurre en esta tercera ocasión.








