El pasado 1 de agosto, un ciudadano recibió un certificado de Gestión de Tributos del Ayuntamiento, «obligándome al pago de 3.652,84 € en concepto del Impuesto Sobre el Incremento del Valor de Terrenos Urbanos». Ha sido un calvario.

Al día siguiente lo pagó «por no verme inmersa en jaleos de reclamaciones ejecutivas, etc… antes de pagar preguntamos a la persona que nos atendió en las Oficinas de San Martín si esa obligación era correcta, y dijo que sí», según cuenta con eplos y señales en el Buzón Municipal.

Convencida de que era un error, insistió en instancias municipales que terminaron reconociendo el error de lo exigido.

«No pasa nada, pues errar es de humanos y nadie estamos libres de equivocarnos, esa no es la cuestión. El problema es que el mismo 3 de agosto, solicité mediante escrito dirigido a Gestión Tributaria, solicitando la devolución lo más rápida posible de los 3.652,84 euros».

Y la le comunicaron que no sería posible hasta mediados de septiembre, por la ausencia de un funcionario concreto..

«Este es el motivo de mi queja, el que no esté una persona, demora la devolución de una importante cantidad de dinero, exigida con mucha premura por el Ayuntamiento, pero que para devolver la cantidad se retrasa más de mes y medio».

A partir de ahí, la ciudadana expresa a través del Buzón una sucesiva relación de mensajes en la misma dirección y exigencia.

El día 20 de agosto, el Ayuntamiento reconoce que «se realizará la devolución a la mayor brevedad posible».

Y se cuestiona: «El Ayuntamiento es duro en sus exigencias, dan a los ciudadanos un mes para efectuar el ingreso en periodo voluntario y te advierten que «Transcurrido el periodo voluntario de pago se iniciará el periodo ejecutivo, que determina el devengo del recargo de apremio y de los intereses de demora”.

Permitan por lo tanto, con criterios de igualdad y reciprocidad, que los ciudadanos exijamos al Ayuntamiento las mismas condiciones para que el Ayuntamiento nos devuelva el dinero que nos ha exigido y cobrado y que nos tiene que devolver finalmente.

«Devuélvanme mi dinero YA!», continuaba reclamando en los primeros días de septiembre.

El 10 y el 17 de septiembre seguía en su protesta.

Y por fin llegó el día que acaba el injusto calvario: «han tardado mes y medio, o 6 semanas y media, o 46 días en devolverme mi dinero. Ni breve, ni rápida ha sido la devolución, pero la han hecho con fecha de 18 de septiembre».

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