(EFE).- El Ayuntamiento de Vitoria impugnará el recurso de apelación presentado ayer por los dirigentes del PP Alfonso Alonso y Javier Maroto contra la sentencia del Tribunal de Cuentas que les condenó al pago de una multa de casi 400.000 euros por firmar en 2007 un alquiler gravoso para el consistorio.
El alcalde de la capital alavesa, Gorka Urtaran (PNV), ha anunciado hoy dicha impugnación durante su intervención en el foro «Nueva economía. Tribunal Euskadi», celebrado en Bilbao.
Urtaran ha afirmado que dicho alquiler resultó «muy lesivo y perjudicial para las arcas públicas» y ha asegurado que en este asunto al consistorio «solo le mueve la defensa del interés general, sin buscar el desgaste personal ni el desgaste de ningún partido».
El ministro de Sanidad en funciones y exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso; el vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, y el resto de los miembros del gobierno municipal que entre 2003 y 2007 dirigían el consistorio vitoriano presentaron ayer el recurso citado ante el Tribunal de Cuentas al considerar que no ha quedado acreditada su responsabilidad contable.
Cuando se haga oficial la notificación de dicho recurso, las otras partes personadas en esta causa -el ayuntamiento, el PNV y el PSE/EE- tienen un plazo de 15 días para impugnar dicho recurso.
En la sentencia recurrida, el Tribunal de Cuentas estimó que los nueve acusados cometieron una «negligencia grave» y son responsables contables directos de haber ocasionado un «perjuicio» a los fondos públicos municipales por este alquiler para oficinas municipales.
El escrito recordaba que un informe técnico municipal recomendó fijar el alquiler en 10.168 euros más IVA al mes, así como una actualización en base al IPC interanual y que los gastos de comunidad corrieran por cuenta del propietario.
También incidía en que la renta finalmente firmada por el consistorio con el propietario de los locales se estableció en 12.500 euros al mes más IVA, con una actualización anual en base al IPC más una serie de puntos de incremento dependiendo del año, así como que los gastos de la comunidad fueran a cuenta del arrendatario, además del IBI y basuras, y una cláusula de blindaje por 20 años.
