La familia de una menor víctima de una agresión sexual por parte de un compañero de la ikastola concertada en la que estudia ha pedido al Departamento de Educación en Vitoria que actúe para que la niña no tenga que convivir el curso próximo en el centro educativo con su agresor, al que solicitan que cambien de centro escolar.
La menor fue víctima de tocamientos el pasado año, cuando ella tenía 13 años y su agresor uno más, en las piscinas de Mendizorroza de la ciudad.
La familia denunció los hechos y en una reciente sentencia del Juzgado de Menores, a la que ha tenido acceso EFE, el chaval ha sido declarado culpable por una jueza de Vitoria de un delito de agresión sexual a persona menor de dieciséis años sin violencia ni intimidación ni acceso carnal.
Le condena a 16 meses de libertad vigilada, a participar en un programa formativo de educación sexual e igualdad y le prohíbe comunicarse con la víctima por cualquier medio y acercarse a ella a menos de 200 metros, distancia que se reduce a 10 metros dentro del centro escolar.
Este, el de la distancia mínima decretada por el juzgado dentro de la ikastola, es el principal punto de desacuerdo de la familia con la sentencia, ya que obliga a la menor a convivir con su agresor durante el curso escolar, aunque no comparte clase con él, y a verlo prácticamente todos los días porque coinciden en espacio como en el patio de recreo.
Un año compartiendo ikastola con su agresor
Además, la menor lleva viviendo esta situación todo un año, ya que ha sido aplicada como medida cautelar antes de que se dictara la sentencia durante todo el curso que acaba de terminar.
Desde la familia han explicado a Efe que han recurrido la sentencia y que han apelado ya a todas las instancias que han podido, la principal el Departamento de Educación, que les ha dicho que tiene el caso sobre la mesa desde el pasado año pero su respuesta sigue siendo que «lo están estudiando».
Esperan que ya, con una sentencia, Educación y la dirección de la ikastola actúen y que acepten su reclamación de que el menor condenado sea trasladado a otro centro educativo para que su hija «pueda pasar página y salir de este bache».
Han asegurado que el chaval se ha saltado en varias ocasiones la orden de alejamiento dentro del centro y que este hecho ha sido comunicado por la propia víctima a la dirección del centro educativo.
La víctima ha recibido asistencia psicológica por parte del servicio foral de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género, desde donde se ha emitido un informe en el que, según la familia, se detalla que presenta «un malestar emocional muy significativo asociado a las situaciones de violencia vividas».
El Movimiento Feminista también pide el cambio de centro
El Movimiento Feminista de Vitoria también se ha hecho eco de esta situación y ha criticado la sentencia porque permite que el «contacto visual y verbal» entre víctima y agresor sea «constante en los 10 metros establecidos para el centro escolar», y ha subrayado que el fallo «vulnera el derecho de la víctima a vivir con libertad y seguridad y a recuperarse del daño sufrido».
Aunque la sentencia está recurrida, el Movimiento Feminista insiste en denunciar que no se impulse el cambio de centro del agresor y reclama que este paso se dé antes de que comience el curso escolar en septiembre, procedimiento que asegura se ha seguido en otros casos similares.
Además, interpela directamente a los departamentos de Justicia y de Educación de Gobierno Vasco. Al primero por considerar que la medida judicial «vulnera los derechos de la víctima» y a la segunda por entender que tiene «una responsabilidad en que en los centros escolares se vele por la seguridad de todo el alumnado».
«Creemos en las medidas educativas y restaurativas y, por tanto, no pedimos medidas discriminatorias irresponsables. Todo lo contrario, creemos en los recursos educativos de acompañamiento y en los pasos hacia la contextualización y transformación de la agresión sexual para el joven. Queremos reivindicar el uso de las vías de reparación en los casos de violencia machista», ha concluido.
A la jueza que ha dictado esa sentencia, por lista y como mínimo, debieran cesarla en el cargo de manera inmediata, porque lo de no acercarse a la chica a una distancia menor de 10 metros dentro del centro escolar, eso no lo sentencia una persona con dos dedos de frente. Pero ya vemos como está, en esto y en otras muchas cosas más, la Justicia española y así nos luce el pelo. Para reír por no llorar.
Totalmente de acuerdo con Julio
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