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El Parlamento Vasco, con la mayoría absoluta que tienen PNV y PSE-EE, ha rechazado tramitar en la Cámara la proposición de ley registrada por EH Bildu para crear en Euskadi una Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción.

El pleno de esta semana ha debatido y votado la toma en consideración de esta iniciativa que contaba ya con el criterio en contra del Gobierno Vasco de coalición PNV y PSE, que considera que Euskadi ya cuenta con un dispositivo jurídico e institucional para impulsar la transparencia y combatir la corrupción en las administraciones públicas vascas.

La iniciativa de EH Bildu no es nueva ya que en la pasada legislatura la coalición soberanista también la presentó. Entonces el Gobierno Vasco, de coalición también entre PNV y PSE-EE aunque sin mayoría absoluta en la Cámara, se mostró favorable a su tramitación pero el adelanto electoral y la disolución del Parlamento evitó que se completara el proceso.

El pasado 15 de septiembre EH Bildu volvió a registrar esta iniciativa que ahora solo ha contado con el respaldo de su bancada y la de los representantes de Elkarrekin Podemos-IU para su tramitación. PNV, PSE y Vox han votado en contra y PP+Cs se ha abstenido.

Durante el debate, el representante de EH Bildu Josu Estarrona ha argumentado que el texto presentado es «casi exactamente igual» al de la anterior legislatura con una única modificación en lo referente a la protección de las personas denunciantes hecha en cumplimiento de una directiva europea.

Por ello Estarrona ha preguntado tanto al Gobierno Vasco como los partidos que lo sustentan qué es lo que ha cambiado desde 2018 y, además de citar la actual mayoría absoluta, ha recordado que cuando se aceptó la tramitación se estaba celebrando el juicio del llamado «caso de Miguel» que supuso la condena por delitos de corrupción de excargos del PNV alavés.

Ha remarcado que la lucha contra la corrupción no puede depender del contexto, ni de intereses partidistas, y que no adoptar medidas para evitarla supone ser connivente con ella. Ha opinado que los argumentos del Gobierno Vasco, PNV y PSE suenan a «excusas» y se ha mostrado preocupado por la «falta de voluntad» que muestran para terminar con las corruptelas y los tratos de favor que esta iniciativa buscaba evitar.

Desde el PNV Jon Andoni Atutxa ha respondido que su partido puede estar de acuerdo con el objetivo de lo que plantea EH Bildu pero no comparte el modelo ya que la dimensión preventiva debe ser prioritaria y en ese aspecto es en el que está trabajando el Gobierno Vasco con la elaboración de un proyecto de Ley de Transparencia.

Ha recordado que en Euskadi existen órganos de control económico, de fiscalización, además de los tribunales y la Fiscalía para hacer frente a la corrupción, y ha asegurado que no ve pertinente la creación de un nuevo ente que supondría más recursos y cuya eficacia sería limitada.

El socialista Ekain Rico ha reprochado a EH Bildu que crea que todo se soluciona con esta agencia y ha censurado que, aunque es innegable que existen ilícitos, no se puede afirmar que los órganos de control «miran para otro lado». También ha recordado el proyecto de Ley de Transparencia que está en el calendario legislativo del Gobierno Vasco.

Miren Gorrotxategi de Elkarrekin Podemos-IU ha opinado que Euskadi no es un oasis en temas de corrupción, que este tipo de delitos evolucionan y que se deben articular mecanismos para luchar contra los nuevos tipos. Se ha preguntado por dónde han estado los controles para evitar el «cartel» de los comedores escolares y de las consultoras y el «escándalo» de las OPE de Osakidetza.

Ha opinado que poner obstáculos a la creación de esta agencia es algo que se «entiende mal» y que en Euskadi no hay órganos de control preventivo, sino a posteriori, y que esta oficina podría trabajar con ellos.

El representante de PP+Cs Luis Ignacio Gordillo ha dicho que al igual que hicieron en 2018 hoy se han abstenido y ha mostrado su extrañeza por el «cambio de parecer» del Gobierno Vasco y de los grupos que los sustentan.

Ha explicado que para luchar contra la corrupción se necesitan tres elementos: la deslegitimación social y política de las conductas corruptas, reforzar la independencia y profesionalidad de los órganos de control, y reforzar la vía judicial y policial. Con ello sería suficiente sin necesidad de más órganos, ha opinado Gordillo.

La única representante de Vox, Amaia Martínez, ha asegurado que hay que luchar contra la corrupción con instrumentos que sean eficaces y ha opinado que esa oficina sería un «nuevo chiringuito» del PNV. EFE



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