EFE).- La Junta Electoral Central ha considerado hoy que el lehendakari, Iñigo Urkullu, no debió acudir a la visita de las obras de la plataforma ferroviaria Arasur en período electoral -tal y como denunció el PP- y le ha advertido de que tiene que evitar asistir a actos de este tipo hasta después de los comicios.

La Junta Electoral Central ha estimado parcialmente el recurso del PP contra un acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Álava a raíz de la denuncia de los populares, pero ha considerado que las declaraciones que hizo el lehendakari en ese acto celebrado el pasado 23 de mayo no tienen «entidad suficiente como para incoar un expediente sancionador».

No obstante, las tacha de «electoralistas» y cita expresamente el hecho de que el lehendakari dijera a los medios que «Euskadi necesita un proyecto compartido de futuro» y que en Arasur encontraba «las claves del modelo» que requiere el País Vasco: «inversión en la modernización de las infraestructuras, apuesta por un crecimiento sostenible, apertura al exterior, apoyo a la economía real y colaboración público-privada».

El acuerdo de la Junta Electoral Central se limita a apercibir al lehendakari sobre este tipo de conductas y recuerda que el artículo 50 de la LOREG prohíbe realizar «cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones de logros obtenidos, así como cualquier acto de inauguración de obras o proyectos».

«La prohibición se extiende desde el momento de convocatoria de las elecciones hasta la realización de las mismas», subraya este órgano.

El rey Felipe VI firmó el día 3 de mayo el decreto de convocatoria de las elecciones generales del 26 de junio.

Para la Junta Electoral Central, el hecho de que «el acto de referencia fuese organizado por la Autoridad Portuaria de Bilbao no legitima la presencia del lehendakari, ni sus manifestaciones, ni la posterior difusión que de las mismas se hizo en la página pública del Gobierno Vasco en Internet».

Asimismo, explica que «tampoco puede estimarse la alegación» de que lo que prohíbe la LOREG se refiere «exclusivamente a las actuaciones realizadas por los poderes públicos convocantes de las elecciones» y señala que «la prohibición tiene efectos plenos respecto de la totalidad de los poderes públicos, incluido el Gobierno Vasco aunque no se hayan convocado elecciones autonómicas».

Contra el acuerdo de la Junta Electoral Central cabe la posibilidad de presentar recurso contencioso-administrativo ante la sala tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación.


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