(EFE).- El Gobierno Vasco defenderá el interés público «hasta el final» en el caso De Miguel, que juzga una trama de comisiones ilegales por parte de exdirigentes del PNV en Álava, aunque «sin prejuzgar».
Hoy se ha difundido que la Fiscalía de Álava pide 54 años y 9 meses de cárcel para el ex número dos del PNV alavés Alfredo de Miguel, el presunto líder de la trama, al que acusa de una decena de delitos, entre ellos, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
También solicita la apertura de juicio contra un total de 26 personas, entre ellas, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, también exmiembros del PNV alavés.
Tras conocerse el escrito de calificación fiscal, fuentes del Ejecutivo vasco han recordado que esta institución está personada en el sumario «desde el primer día» y que su colaboración con la Administración de Justicia es «total».
«Ha sido una instrucción larga y deseamos un esclarecimiento rápido, completo y definitivo de los hechos que se juzgan», han señalado las fuentes, que han insistido en que «no prejuzgan».