El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, ha urgido a las diputaciones a modificar la fiscalidad para incentivar a los propietarios que mantengan sus alquileres en precios «razonables» y a penalizar a quienes los «disparan al alza».
Arriola ha comparecido en una comisión del Parlamento Vasco para, en el marco de un debate monográfico sobre vivienda, desgranar el Plan Director de Vivienda 2021-2023 que tiene un presupuesto de 1.237,6 millones para los tres ejercicios, un 11 % y 119 millones más que el anterior, para abordar las necesidades habitacionales de Euskadi en ese periodo.
En su intervención, el consejero ha explicado que el nuevo plan director pretende impulsar el alquiler, tanto a través de la creación de vivienda pública como facilitando el acceso a arrendamientos asequibles para colectivos vulnerables y también para capas medias con rentas entre 21.000 y 39.000 euros anuales.
Con ese objetivo ha explicado que su departamento apuesta por una fiscalidad que aumente la oferta de alquiler y favorezca también el control de precios.
Ha indicado que el Gobierno Vasco tiene elaborada una propuesta destinada a incentivar fiscalmente a los propietarios que mantengan sus alquileres en precios «razonables» en línea con los índices de referencia elaborados por su departamento, y también a penalizar a aquellos que «disparan» al alza los precios.
Arriola ha añadido que esta propuesta se presentó en junio de 2019 ante el Órgano de Coordinación Tributaria y ha indicado que espera que las diputaciones -competentes en materia de fiscalidad en Euskadi- «recojan el guante y lo lleven a la próxima revisión del sistema fiscal» porque «ya toca». «Espero que se haga y se haga pronto», ha urgido.
El consejero ha subrayado que «esta es una cuestión nuclear que puede ayudar y mucho a la regulación de los precios de los alquileres» y ha remarcado que no se trata de hacer una política que persiga a nadie sino de lograr una «rentabilidad razonable» y proteger a la parte «débil», el arrendatario, en un contexto donde hay más demanda que oferta.
Ha emplazado asimismo a analizar el sistema de incentivos fiscales de las diputaciones ahora vigente para promover la rehabilitación reduciendo su coste final para las comunidades de propietarios en un momento además en el que se prevé un aumento de la rehabilitación gracias a la fondos Next europeos que van a permitir «duplicar» la inversión en esta materia hasta 2026.
El consejero ha asegurado que entre 2021 y 2016 la previsión es que se den ayudas a la rehabilitación a 71.200 viviendas.
Arriola ha añadido además que es «oportuno abrir una vía de reflexión» sobre la regulación actual de las deducciones en materia de vivienda, así como establecer bonificaciones para las rentas más bajas y a colectivos como jóvenes y familias numerosas.
El consejero ha anunciado además que el objetivo es incrementar el parque de viviendas de alquiler social de iniciativa pública y privada en más de 3.000 unidades entre 2021 y 2023 para alcanzar al final de ese periodo las 29.300 viviendas. De esa forma la cuota del parque público de alquiler supondrá el 40 % del parque protegido total, 6 puntos porcentuales más que a la finalización del anterior plan.
Ha indicado que se va a impulsar el inicio de la edificación de 4.000 nuevas viviendas de protección pública, todas ellas en alquiler, y la compra de suelo para otras 3.600.
Para movilizar la vivienda deshabitada ha añadido que se apoyará la puesta en marcha del canon a estas casas vacías con la implantación de los registros de este tipo de hogares en los ayuntamientos. Arriola ha dicho que confía en que los consistorios «pongan de su parte» para que, en colaboración del Gobierno Vasco, el decreto de vivienda vacía sea «una realidad».
Ha explicado que en la actualidad más de la mitad de las personas y familias que demandan un alquiler protegido tienen unos ingresos anuales por debajo de los 15.000 euros pero que no se puede olvidar que hay un importante número de personas que aún contando con más ingresos siguen teniendo «graves dificultades» para acceder a una casa en el mercado ordinario.
Por ello una de las principales novedades de este plan es la creación de un nuevo marco normativo que regule un régimen específico de vivienda de protección oficial de alquiler asequible para personas con ingresos entre 21.000 y 39.000 euros anuales.
Respecto al derecho subjetivo, el plan prevé que para 2023 se haya reconocido este derecho a la vivienda a 12.000 familias. EFE
El precio del alquiler, uno de los impedimentos para la integración social
El alto precio de los alquileres de la vivienda y la imposibilidad de cumplir los requisitos exigidos para el acceso a este tipo de alojamientos son dos de las principales dificultades para la integración de las personas en riesgo de exclusión social.
Esta es una de las conclusiones de Cáritas Diocesanas de Vitoria de su balance de actividad este 2021, año en el que esta organización ha estado acompañando a 3.000 personas o familias necesitadas.
Hasta finales de octubre, Cáritas ha destinado 355.000 euros a ayudas económicas a estas personas que, siguen respondiendo al patrón de migrante y mujer.
La demandas más comunes han sido las relacionadas con la vivienda, la necesidad de regularización para personas migrantes como vía para la integración social y el acceso a recursos públicos, así como el acceso a internet y a los dispositivos requeridos en el ámbito educativo y desde los que realizar trámites administrativos que no ofrecen otra alternativa a la digital.
Según una primera estimación del trabajo realizado por Cáritas este año se puede constatar el aumento de la desigualdad dentro de la sociedad, con una cronificación de situaciones familiares.
Además, Cáritas ha constatado que la crisis sanitaria está repercutiendo en todas las problemáticas planteadas por las familias, en particular el acceso al empleo decente y a la vivienda.
Junto con las ayudas económicas Cáritas Vitoria ha ofrecido este año formación a una media de 165 personas al mes. Destaca la demanda de cursos para la obtención de los certificados profesionales de empleo doméstico y las formaciones que capacitan lingüísticamente.
Esta ONG ha presentado este miércoles la tradicional campaña de identificación de situaciones de dificultad para poder tener gestos de cercanía y solidaridad con las personas y familias que lo estén pasando mal.
«Ante una sociedad herida, mucho más pobre, frágil y vulnerable por el azote de la pandemia, es preciso poner en práctica la generosidad», ha concluido Cáritas. EFE
Que empiecen gravando a las administraciones locales que, con su voracidad recaudadora, no se cortan en tener IBIs e Impuestos de basuras en viviendas, garajes y lonjas desmadrados respecto a otras localidades.
También podríamos hablar de plusvalías cuando hay ventas.
Todo eso también invita indirectamente a subir los alquileres.
CADA UNO HACE CON SU VIVIENDA LOQ UE SE EL PONE EN LOS GÜEVOS si lo queire alquilar lo alquila y si lo queire tener vacio lo deja vacio,
que sra lo siguiente decirle a una mujer con cuantos se tiene que acostar y a que hora?