Euskadi podría recibir en dos años unos 400 millones de euros por su participación en los gravámenes temporales a las energéticas y a las entidades financieras.
Así lo ha adelantado el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, tras la reunión telemática que ha mantenido la Comisión Mixta de Concierto Económico que, además de aprobar la participación vasca en estas nuevas tasas, ha dado luz verde a la concertación del Impuesto a las grandes fortunas.
Las previsiones del Gobierno español es que a través de los gravámenes temporales a las energéticas y a los bancos el Estado recaude unos 6.500 millones de euros, según ha explicado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, a la delegación vasca participante en la reunión.
Según el acuerdo firmado este martes, Euskadi recibirá el 6,24 % del volumen total generado por estas figuras los dos próximos ejercicios y se compensará la cantidad en los plazos del pago del Cupo al Estado.
Esta cantidad se destinará a hacer frente a las «excepcionales consecuencias económicas y sociales» provocadas por la Guerra en Ucrania y por los problemas de oferta y de suministros derivados de la pandemia.
Las instituciones vascas asumirán íntegramente la definición y gestión de aquellas ayudas del Estado que se financien exclusivamente con la recaudación de estos dos gravámenes.
Por su parte, el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes fortunas, complementario al de Patrimonio que se mantiene en Euskadi, se incluirá en el Concierto Económico como tributo concertado de normativa autónoma, con la misma vigencia que la ley estatal que lo crea.
Azpiazu ha recordado el destino finalista del dinero conseguido a través del gravamen energético está «tasado» y es «más concreto de acuerdo a la normativa» europea.
«Las instituciones vascas nos ajustaremos a los requerimientos europeos; fundamentalmente son medidas encaminadas a reducir el consumo energético, potenciar el consumo de energías renovables y apoyo a empresas y sectores de consumo intensivo» ha recordado.
El segundo gravamen, a las entidades de crédito y establecimientos financieros, no tiene medidas tan tasadas y las instituciones vascas valoraran «las que sean necesarias en Euskadi».
El impuesto sobre las grandes fortunas gravará durante dos años a los patrimonios superiores a 3 millones de euros, con un mínimo exento de 700.000 euros. Tendrá las mismas deducciones que el Impuesto de Patrimonio y su recaudación «se destinará a financiar políticas de apoyo a los más vulnerables», según la normativa que lo regula.
Por su parte, la prestación patrimonial para empresas energéticas gravará durante dos años -2023 y 2024, con referencia a las cuentas del ejercicio anterior- las ventas de estas compañías con un tipo del 1,2 %, a excepción de los ingresos regulados y los procedentes de fuera de España.
Afectará a todas las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que facturaron más de 1.000 millones en 2019, excepto aquellas cuya actividad energética no sea la principal, así como a las productoras de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino en España.
Por su parte, la prestación para entidades financieras es muy similar a la energética, como esta, será temporal, para dos ejercicios.
En este caso, las entidades obligadas serán aquellas cuyos intereses y comisiones brutas cobradas a los clientes superaron los 800 millones en 2019, incluidas las entidades extranjeras supervisadas por el Banco Central Europeo que superen ese umbral en España. EFE
