El Gobierno Vasco ha aprobado el informe de impacto ambiental para el almacén de baterías en Murga, Aiara (Álava), un proyecto que ve «fundamental para aumentar el aprovechamiento de las energías renovables».
El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publica este jueves esta resolución de impacto ambiental simplificado para el proyecto de planta ‘PB Navegantes 31’ de la empresa sevillana Lemon Tree Power con una potencia instalada de 30 MW y una energía nominal de 96,7 MWh, en una parcela de 9.950 metros cuadrados.
En el estudio ambiental se plantean tres alternativas, además de la no ejecución del proyecto, que descarta el Gobierno Vasco porque esto «no se alinea con la urgente necesidad de transición energética, la reducción de la dependencia exterior y la mitigación del cambio climático».
En su resolución, el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco explica que la no realización de este proyecto «incumpliría objetivos clave de políticas públicas en materia energética».
En este sentido, recuerda que España y Euskadi tienen una «elevada dependencia energética exterior» por lo que necesitan aprovechar los recursos renovables para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y diversificar fuentes.
La declaración de impacto ambiental simplificada desecha las ubicaciones en dos polígonos por su afección a las masas arbóreas y paisajística, y opta por una en suelo agroganadero en el municipio.
Se señala que este almacén de baterías, que tiene un presupuesto de más de 23 millones de euros, no se localiza dentro de espacios naturales protegidos en la Red Natura 2000, en planes de gestión de aves o quirópteros, refugios de interés, áreas críticas para especies sensibles, áreas de interés especial o zonas de protección para la alimentación de aves necrófagas.
Se identifican los posibles impactos del proyecto, como el pasisajístico, pero se reconoce que la decisión de soterrar la totalidad de la línea eléctrica elimina su impacto visual. Además se prevé la disposición de una pantalla vegetal con especies autóctonas para ocultar visualmente la planta y mejorar su integración paisajística.
SALUD
La resolución establece una serie de medidas destinadas a garantizar la protección de la salud de las personas, como el control de los campos electromagnéticos, del patrimonio cultural de la zona, del suelo y las aguas, así como de gestión de los residuos generados tanto en la construcción como en el posterior funcionamiento de la planta.
Esta aprobación de la declaración de impacto ambiental abre un plazo máximo de cuatro años para la ejecución del proyecto. EFE
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