La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, se ha mostrado dispuesta a especificar «objetivos claros» aunque «adaptables a la realidad» en el proyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático, así como un régimen sancionador en caso de incumplimiento.
La consejera ha comparecido een comisión en el Parlamento Vasco para presentar esta norma, cuyo objetivo es alcanzar en 2050 el objetivo de cero emisiones netas, es decir la «neutralidad climática», lo que pasa por dos vías: reducirlas y lograr una mayor absorción de los gases de efecto invernadero.
El representante de EH Bildu, Mikel Otero, ha considerado que la norma llega «con retraso» y se ha mostrado muy crítico con la «falta de concreción» del texto, que no incluye «ningún objetivo concreto» porque se remite a las estrategias que se elaborarán tras la aprobación de la norma. «La ley es ‘blablabla’, no establece nada», ha censurado.
También el socialista Alberto Alonso ha reclamado «verbalizar y poner negro sobre blanco los compromisos» de la ley, que deben ser «claros y concisos». Ha alertado además de que la ausencia de sanciones puede hacer «que no sea efectiva», por lo que ha reclamado su inclusión en la norma.
La consejera ha recogido el guante y se ha mostrado dispuesta a poner «objetivos claros» en la ley y no dejarlos para su posterior desarrollo. Eso sí ha reclamado que se establezcan «mecanismos de ajuste y adaptación para que no se queden obsoletos a las primeras de cambio», de manera que sean «adaptables a la realidad».
Ha asegurado que tampoco ve «ningún problema» en la inclusión de un régimen sancionador, aunque ha argumentado que otras leyes medioambientales vascas como la de sostenibilidad energética ya recogen sanciones que podrían ser de aplicación en este caso.
«Pero si consideran que no son suficientes y que hay que poner algo más allá, lo valoramos y lo ponemos sin ningún problema», ha dicho Tapia, que ha defendido la «perspectiva positiva» de la ley, que apuesta por incentivar fiscalmente las actuaciones alineadas con los objetivos de la ley y gravar las que vayan en sentido contrario.
«Pensamos que con las sanciones previas y con la incentivación podía ser suficiente», ha reconocido la consejera, que también ha recibido de manera positiva la propuesta de EH Bildu de crear un comité científico que asesore en el cumplimiento de la norma.
Por su parte, el representante de Elkarrekin Podemos-IU, David Soto, -que también ha criticado el «retraso» de la ley- ha valorado que se use la fiscalidad para avanzar hacia los objetivos climáticos, aunque ha advertido del riesgo de que algunas empresas «lo repercutan al consumidor».
La popular Muriel Larrea ha avisado de que «acortar los plazos» hacia la descarbonización «puede penalizar» a las personas más desfavorecidas, por lo que ha pedido articular mecanismos «para que nadie se quede atrás».
La única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, se ha mostrado contraria a la imposición de sanciones y ha pedido detalles sobre el dinero que habrá que invertir para lograr los objetivos marcados en la ley, una cuestión que la consejera ha admitido que no es «capaz de calcular». EFE
Vamos que esta panda de sinvergüenzas nos van a prohibir hasta ir en coche y comer carne.
Pero ellos de viajes oficiales en avión , coche oficial y privilegios varios.
Seguid tensando la cuerda que la gente ya está muy harta.
PD. ¿por qué los condenados por la corrupción del PNV en el caso de Miguel no van la cárcel?
Pregunta cómo se llama el juez que los juzgó te llevarás una sorpresa.