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EFE.- La mayoría de los Ayuntamientos vascos, sobre todo los más poblados excepto en Gipuzkoa, siguen sin haber adaptado su normativa urbanística a la Ley de Suelo 14 años después de su aprobación.

La ley vasca de Suelo y Urbanismo se aprobó en 2006 y concedió un plazo de 8 años a los Ayuntamientos para adaptar sus planes generales y normas subsidiarias a la nueva ley, pero en 2014, al ver que muchos quedarían al margen de la legalidad por no hacerlo, se amplió el periodo de adaptación a 15 años, hasta octubre de 2021.

A un año de esa nueva fecha límite, según recoge el Inventario de Planeamiento del Gobierno Vasco, solo 109 de los 251 Ayuntamientos vascos tiene adaptada su normativa urbanística a lo establecido en la Ley de Suelo y la práctica totalidad de los más poblados, salvo en Gipuzkoa, forma parte del 56,6 por ciento que no lo ha hecho.

Entre esos 142 municipios que no han cumplido aún están los más poblados de Álava y Bizkaia.

Vitoria, Llodio, Amurrio o Labastida son algunos de los que no cumplen en Álava; al igual que los más poblados de Bizkaia como Bilbao, Barakaldo, Getxo, Santurtzi, Leioa, Sestao, Basauri, Erandio, Galdakao, Amorebieta, Mungia, Gernika o Ortuella. Portugalete es el único municipio vizcaíno de más de 30.000 habitantes con su normativa adaptada.

La excepción es Gipuzkoa, donde San Sebastián, Irun, Eibar o Arrasate ya han adaptado su normativa, aunque todavía deban hacerlo otros municipios grandes como Errenteria, Pasaia, Lasarte o Zumarraga.

Elaborar un plan general de ordenación urbana (PGOU) es un procedimiento muy lento y farragoso que en la mayoría de las ocasiones lleva más de 4 años, lo que dura el mandato de un alcalde y un pleno, y que se ha complicado en la última década al ser obligatorio incorporar políticas sectoriales al planeamiento, como la sostenibilidad o la perspectiva de genero, entre otras.

La viceconsejera de Planificación Territorial, Arantza Leturiondo, ha explicado a EFE que ésta es una de las razones del retraso de los Ayuntamientos en adaptarse a la Ley de Suelo, aunque ahora ya se puede tramitar la declaración medioambiental estratégica de forma paralela al PGOU, en vez de ser un requisito previo.

También ha apuntado que la Ley de Suelo se aprobó en 2006 y poco después estalló la «crisis del ladrillo» y los ayuntamientos no tuvieron necesidad de hacer recalificaciones al no haber demanda de suelo, ni residencial ni tampoco industrial.

De todas formas, la viceconsejera ha restado importancia a esta falta de adecuación de los planes urbanísticos porque durante estos años los ayuntamientos han ido aprobando planes parciales y sectoriales y además los que están en vigor, aunque tengan 25 años como el de Bilbao, «tenían una visión de largo plazo» y son adaptables a las nuevas necesidades.

«Es más importante revisar los planes urbanísticos para cumplir las nuevas demandas de sostenibilidad, como en la edificabilidad o los espacios libres y verdes, que adaptarlos a la Ley de Suelo», ha comentado Leturiondo.

Por ello, la viceconsejera considera que sería «razonable» que los ayuntamientos adaptasen sus normas urbanísticas en plazos de unos ocho años.

El decreto de prórroga de 2014 advertía de que los Ayuntamientos «sin plan general o normas subsidiarias adaptadas a la citada ley se encontrarían en una situación de inseguridad jurídica, al colocarse al margen de la legalidad en todo aquello que no sea de aplicación directa desde la entrada en vigor de la ley».

No obstante, esta situación tendrá pocas consecuencias prácticas, ya que los Ayuntamientos tienen que cumplir obligatoriamente con lo establecido en la Ley de Suelo aunque no modifiquen sus normas, por ejemplo a la hora de calificar un terreno o en cuanto a los topes de edificabilidad en una parcela o zona. EFE


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