El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha considerado este lunes «absolutamente injusto» que se diga que se «desmantela o se privatiza» Osakidetza.
El lehendakari, en un encuentro organizado por Deia en Bilbao, ha aseverado que «Osakidetza ni se desmantela ni se privatiza» y que la mejora de la sanidad pública es una «apuesta del conjunto del Gobierno Vasco», en la que todos los departamentos asumen la «prioridad» que se le da a la consejería de Salud en los presupuestos.
Urkullu ha destacado que en diez años Osakidetza ha pasado de un presupuesto de 3.200 millones a 4.600 millones y las inversiones en infraestructuras sanitarias de 30 a 120 millones, además del crecimiento de la plantilla estructural hasta las 31.000 plazas.
«Vamos a realizar el esfuerzo económico y humano que sea preciso para situar la asistencia sanitaria pública vasca en el nivel de calidad y servicio del que siempre nos hemos sentido orgullosos. Mejoraremos la respuesta en la Atención Primaria y reduciremos las listas de espera, es un compromiso del Gobierno», ha dicho, tras sostener que «nadie estaba preparado» para afrontar los «efectos» de la pandemia en los sistemas de salud.
LEY EDUCACIÓN
En su discurso, el lehendakari también se ha referido a la futura ley vasca de Educación para asegurar que el Gobierno está «comprometido» con el Pacto Educativo que firmaron PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, «incluyendo la ‘centralidad de la escuela pública’, ‘medidas contra la segregación’, ‘garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades’, ‘seguir avanzando en la mejora de la calidad y la excelencia'».
«Todo ello se está materializando en 43 compromisos concretos que estamos cumpliendo y sobre los que estamos ofreciendo una información periódica y completa a los grupos parlamentarios firmantes del Pacto Educativo. Mantenemos el objetivo de que esta Ley sea aprobada con el mayor consenso posible y no escatimaremos esfuerzos para conseguirlo», ha añadido.
En cuanto a las perspectivas económicas para 2023, ha manifestado que «lo único cierto es la incertidumbre» y ha anunciado que a finales de marzo, con los datos del primer trimestre, el Gobierno Vasco revisará su estimación de un crecimiento del 2 % para el 2023.
Ha incidido en que Euskadi seguirá creciendo, aunque haya una desaceleración, y no entrará en recesión y ha mostrado su preocupación por la política del BCE de subir los tipos de interés para contener la inflación porque «lastrará la economía de las familias y de las empresas».
CASO DE MIGUEL
En cuanto al caso De Miguel, Urkullu ha sostenido que la «acusación de corrupción estructural del PNV es absoluta y radicalmente mentira» y ha repasado todos sus pronunciamientos desde que en 2010 estalló «el caso Miñano» y él era entonces presidente del PNV.
«Tengo tranquilidad de conciencia de haber obrado con ponderación entre la presunción de inocencia y las medidas cautelares y la satisfacción de que el PNV, en modo alguno, ha sido acusado, y menos condenado, que lo pretendió la Fiscalía y lo rechazó la Audiencia de Álava», ha manifestado.
REFUGIADOS
Por último, Urkullu ha afirmado que le «duelen por injustas» las acusaciones del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, de xenofobia al PNV por oponerse al proyecto del Gobierno central del macrocentro de acogida de refugiados en Vitoria.
Aunque ha pedido «huir de polémicas innecesarias», el lehendakari ha recordado que el modelo de centros pequeños para acoger a los refugiados forma parte del programa de gobierno de la coalición PNV-PSE «y entiendo que los dos partidos lo conocen». EFE
