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El lehendakari del Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu, ha abordado hoy varios frentes: Pacto de rentas, sanidad vasca, alivio fiscal y autogobierno. Esto ha dicho:

El reto es reducir las listas espera en Osakidetza al nivel precovid

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reconocido este viernes que el objetivo de su gobierno es reducir las listas de espera en Osakidetza y volver a situarlas «por debajo de los 60 días» como en julio de 2019, antes de la pandemia de la covid-19.

Urkullu ha replicado así en el pleno de control del Parlamento Vasco a la parlamentaria del grupo PP+Cs Laura Garrido, quien ha denunciado los cierres de servicios de urgencia, los retrasos en programas de prevención como el del cáncer de mano y las demoras en las listas de espera quirúrgicas.

En este último aspecto, Garrido ha recordado que hay «23.800 pacientes esperando» a operarse, un 25 % más que la media de la última década, lo que incumple, ha dicho, el propio decreto del Gobierno Vasco que fija en seis meses ese plazo máximo.

Urkullu ha señalado que a pesar de las dificultades Euskadi es la comunidad autónoma que más invierte en el servicio público de salud. «¿Es motivo de autocomplacencia?. No. Es un acicate para seguir mejorando», ha señalado.

La prioridad de su gobierno, ha insistido, es reducir las listas de espera y mejorar la atención primaria.

Sin embargo, el lehendakari ha insistido en que se está haciendo un «gran servicio» para mantener los servicios públicos en circunstancias «muy difíciles» y ha recordado que los presupuestos de Salud del pasado año tuvieron una dotación adicional de 237 millones de euros y este año de 168 millones.

Además, ha añadido, se están convocando varias OPE para dar estabilidad a 8.600 profesionales.

Euskadi es la comunidad que ha aplicado el «mayor alivio fiscal»

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado este viernes que Euskadi es la comunidad autónoma en la que se ha procedido al «mayor alivio fiscal», aunque ha advertido de que en materia de fiscalidad es recomendable mantener una senda «de estabilidad y prudencia».

Urkullu ha replicado así durante el pleno de control del Parlamento Vasco al presidente del PP vasco y del grupo PP+Cs en la Cámara de Vitoria, Carlos Iturgaiz, quien ha vuelto a reclamar una rebaja de impuestos en Euskadi, donde las competencias en materia fiscal recaen en las tres diputaciones forales y no en el Gobierno Vasco.

El lehendakari ha enumerado todas las medidas implantadas por las instituciones vascas para aliviar la economía de las familias, empresas y autónomos y ha dicho que se van a seguir adoptando acciones porque Euskadi es «un país solvente».

Ha recordado que las tres diputaciones acordaron el pasado mes de julio varias medidas fiscales, entre ellas deflactar al 4 % todos los tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), porcentaje que se suma al 1,5 % aplicado a principios de año, por lo que la deflactación total se eleva al 5,5 %.

Las haciendas forales también aprobaron una deducción contra la inflación de 200 euros, que podrán aplicar los contribuyentes con una base general de renta de hasta 30.000 euros, y que se reducirá progresivamente para rentas de entre 30.000 y 35.000 euros.

Además, Urkullu ha recordado que en el pleno de Política General anunció una nueva deflactación del IPRF que se analizará en el Órgano de Coordinación Tributaria de octubre y que entraría en vigor el 1 de enero de 2023 con objeto de atenuar la inflación subyacente prevista.

Ante las críticas de Iturgaiz, el lehendakari le ha recordado que el PP apoyó hace cuatro años la reforma fiscal que se aprobó en Euskadi, que se evaluará cuando se estabilice la situación económica.

Iturgaiz ha criticado la «pasividad» del Gobierno Vasco en el ámbito fiscal mientras la recaudación por impuestos «crece y crece» y ha señalado que el Concierto Económico «no está para llenar la caja de las haciendas», sino para aportar tranquilidad a la sociedad.

Otras comunidades autónomas, ha continuado el líder del PP vasco, acometen rebajas del IRPF «pero aquí se quedan los últimos de la fila», ha remarcado.

En otra pregunta en el pleno, la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha cuestionado al lehendakari sobre su opinión en relación a las medidas fiscales anunciadas ayer por el Gobierno central, pero Urkullu ha eludido dar una respuesta.

Gorrotxategi ha lamentado que la deflactación en Euskadi afecte a todo tipo de rentas, a los que ganan más de 100.000 euros y a los que están «con el agua al cuello». «¿Realmente merecen el mismo tratamiento?», ha preguntado.

El reto es lograr un consenso sobre un autogobierno «viable»

El lehendakari, Iñigo Urkullu, no ha «renunciado» a actualizar la relación entre Euskadi y el Estado, pero considera que hay que actuar «desde un principio de realidad» y por ello «el gran reto es intentar conseguir entre los vascos el mayor consenso en torno a un gran proyecto de autogobierno que sea viable».

Así ha respondido el lehendakari en el pleno de control del Parlamento Vasco a la portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, que cree que Urkullu sí ha renunciado a lograr más autogobierno y ha lamentado que no se haya celebrado la consulta sobre este tema a la que se comprometió en 2015.

«La respuesta que me da es muy escasa», le ha dicho Iriarte, que ha recordado que el Parlamento llegó a un acuerdo sobre autogobierno en la pasada legislatura en la que todos los grupos «se dejaron pelos en la gatera», pero que luego no ha tenido recorrido.

La mayoría de la sociedad vasca «quiere otro estatus» y es necesario abrir un debate sobre este tema, ha añadido la portavoz abertzale, que ha lamentado que entre los cinco acuerdos de país que el lehendakari ofreció la semana pasada en el pleno de Política General ninguno fuera sobre autogobierno.

Este le ha respondido que «corresponde a los grupos parlamentarios proponer más pasos» y al Gobierno Vasco exigir el cumplimento del Estatuto, aunque ha reconocido que completar el autogobierno «reconocido» en el texto estatutario «no es el último paso».

Ha recordado en este sentido que el propio Estatuto recoge que «su aceptación no implica la renuncia del pueblo vasco a los derechos que como tal hubieran podido corresponderle en virtud de su historia y que podrán ser actualizados en virtud de lo que establezca el ordenamiento jurídico».

«No hemos renunciado a nuestra capacidad de decidir la actualización de nuestro marco de relación con el Estado. No renuncio a lo que como lehendakari he planteado en esta Cámara: derechos históricos, nación foral, singularidad del autogobierno vasco, modelo de relación confederal, directiva de claridad o Concierto político. He propuesto modelos y vías democráticas para avanzar en la solución de conflictos políticos», ha argumentado.

El lehendakari ha considerado que hay que «seguir avanzando» en el autogobierno «con el mayor grado de acuerdo posible» y sobre la «base sólida» de los derechos históricos, el modelo propio de autogobierno y la bilateralidad, conceptos que podrían «formularse por ejemplo en un Concierto político».

«La reforma del Estatuto debería ser una verdadera renovación y fortalecimiento de su naturaleza pactada», ha añadido el lehendakari, que ha considerado que «el gran reto es intentar conseguir el mayor consenso entre los vascos en torno a un gran proyecto de autogobierno que sea viable» y que se construya «desde un principio de realidad».

Urkullu ha considerado en todo caso que en este momento las preocupaciones de la sociedad vasca no se centran en el autogobierno, sino en las «consecuencias de una crisis de circunstancias excepcionales».

Pacto de rentas estatal sería una referencia importante para Euskadi

 El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado este viernes que un pacto de rentas a nivel estatal basado en un reparto de costes «equitativo», con el IPC subyacente como referencia y con «una reducción de los márgenes empresariales durante 3 o 4 años» sería «deseable y supondría una referencia importante para Euskadi».

Ese pacto de rentas debería contar además con «el papel auxiliar» del Gobierno de España cuyo planteamiento de subida salarial para los empleados públicos (hasta el 7,5 % repartida entre 2022, 2023 y 2024, con lo que se llega al 9,5 % si se suma el 2 % ya subido este año) debería «ser ejemplar y obligado» para las CCAA.

En todo caso, se consiga o no un pacto estatal, Euskadi tiene «capacidad para adaptar la negociación colectiva a su propia realidad» porque cuenta con un «marco vasco de relaciones laborales» e instrumentos de negociación colectiva como la mesa diálogo social», en la que no están todos los sindicatos, ha lamentado.

El lehendakari ha hecho un llamamiento a las centrales que no participan en este foro, ni tampoco en el Consejo de Lanbide (ELA y LAB) a «que se sienten a dialogar, negociar y consensuar» porque esa es «la mejor manera de reforzar nuestro marco autónomo de relaciones laborales».

Los acuerdos, ha añadido, deben darse entre patronal y sindicatos y el papel del Gobierno es «incentivar» esos pactos, que deben crear un «marco de estabilidad y certidumbre para contribuir a minimizar la espiral inflacionista» cuyas consecuencias se agravarían «si los agentes sociales actúan descoordinados y buscando su propio beneficio a corto plazo».

Así se ha expresado Urkullu en el pleno de control del Parlamento Vasco en respuesta a una pregunta de Pazis Garcia (EH Bildu) sobre cómo piensa el Gobierno Vasco impulsar acuerdos en Euskadi para proteger los salarios de los trabajadores.

Garcia ha calificado de «decepcionante» la postura de Urkullu, al que ha afeado que defienda un marco de relaciones laborales vasco, pero luego ponga como «referencia» un posible pacto de rentas de ámbito estatal. EH Bildu propone que ese pacto se refiera únicamente a Euskadi «sin estar pendientes de lo que ocurra en el Estado», ha recalcado.

En su intervención, el lehendakari también se ha referido al impuesto a los beneficios de empresas energéticas y de la banca, que aportará unos ingresos excepcionales que en Euskadi se usarán para «compensar a las empresas y familias más afectadas por la situación desencadenada por la guerra de Ucrania».

Ha hablado asimismo de las fugas de gas detectadas en aguas del Báltico procedentes de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, un «sabotaje» que «pretende cerrar la puerta a una solución negociada y rápida que restablezca el suministro de energía Europa. Y lo que es más grave: hay una intención clara de perpetuar la situación de guerra y evitar una solución a corto y medio plazo». EFE



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