El Servicio Vasco de Empleo-Lanbide va a poner en marcha el próximo 1 de enero una nueva unidad de control que vigilará el correcto cumplimiento en las prestaciones de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).
A esta unidad se han incorporado este lunes 14 inspectores que se unen a los 5 que formaban parte hasta ahora del órgano interno de auditoría de Lanbide y al que ya le correspondía identificar y gestionar los posibles riesgos para el sistema.
La ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, aprobada el año pasado por el Parlamento Vasco, atribuye funciones añadidas a este órgano para comprobar el correcto cumplimiento de las obligaciones de los perceptores de las prestaciones y la aplicación de sanciones cuando se comentan irregularidades de forma deliberada.
El refuerzo de la inspección se produce después de que a lo largo de esta legislatura se hayan ido implementando medidas de coordinación que han mejorado «sustancialmente» todos los procesos para mitigar riesgos de irregularidades, ha informado este lunes el Departamento de Trabajo y Empleo.
Colaboración para el control
En este tiempo se han multiplicado los datos compartidos con la práctica totalidad de administraciones públicas locales y estatales, hasta 10 millones de transmisiones en 2022, a la vez que se han incrementado las revisiones automáticas de expedientes, que alcanzaron las 200.000 en el último año completo.
Además de la actualización del convenio con la Ertzaintza, se han establecido cauces permanentes de colaboración tanto con la Fiscalía como con el resto de fuerzas de seguridad que tienen competencias en cuestiones de documentación, extranjería y empadronamientos, a la vez que se facilitaba a quienes trabajan en Lanbide una forma de encauzar sospechas de irregularidades.
La directora de Prestaciones e Inclusión del Gobierno Vasco, Sara Buesa, ha confirmado la voluntad de Lanbide de ir dando cumplimiento a los objetivos perseguidos por la Ley, de garantizar la máxima cobertura a quienes lo necesiten y tengan derecho, pero también el máximo rigor en el uso de los fondos públicos.
«Quienes creemos en nuestro modelo de protección e inclusión sabemos que se prestigia no solo cuando alcanza a quien debe alcanzar, sino cuando se gestiona con rigor; esta unidad nace para ayudar a las personas a entender y cumplir sus obligaciones, para una gestión garantista con las personas y rigurosa con los recursos públicos», ha señalado.
Mejora del control
En el plan anual de actuación de Lanbide se contemplan quince actuaciones en materia de inspección para la mejora del control de la documentación, de verificación de identidad, con sistemas de control automáticos a partir del contraste de datos, el seguimiento de las obligaciones vinculadas al proceso de inclusión, con especial atención al incumplimiento por abandono de cursos, rechazos de ofertas de empleo o no comparecencia a citas, entre otros.
En este sentido, el plan recoge lo dispuesto en la ley sobre la posibilidad de exigir verificaciones presenciales, así como el control bienal de todos los expedientes.
En el caso de indicios presuntamente delictivos, se contempla la práctica iniciada esta legislatura de dar traslado a la Fiscalía y la colaboración con las fuerzas de seguridad.
Además promueve la colaboración ciudadana con un procedimiento de actuación para canalizar informaciones sobre situaciones contrarias a la ley.
Se prevé también la firma de un convenio de colaboración entre Lanbide y la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social para la detección de situaciones de economía sumergida con incidencia en las prestaciones.
Se establecerá una planificación de campañas de inspección y de visitas a domicilios con el fin de verificar las situaciones de la unidad de convivencia que reciba la prestación. EFE
Todo una cortina de humo,
Mucho más barato y eficiente sería la personación fisica de los beneficiarios semanalmente y con identificación por la huella digital (como la mayoría de trabajadores, que tienen que identificarse y fichar en sus empresas).