Euskadi distribuye guía para inmigrantes ilegales y ayuda con RGI

El Gobierno Vasco busca «aprovechar» la oportunidad que representa la regularización anunciada ayer por el Gobierno español y ha editado unos folletos para explicar de forma sencilla a las personas migrantes que están en situación irregular los requisitos y los pasos en esa tramitación.

La actuación del Gobierno Vasco junto con las entidades sociales busca lograr la inserción sociolaboral de esas personas y se han encontrado dos problemas: el acceso a la vivienda, requisito que representa «un cuello de botella» en esa fase de autonomía y los ingresos y su empleabilidad.

Así, las entidades sociales trabajan para facilitar el acceso a la vivienda de esas personas, muchas veces trenzando la confianza con los propietarios de pisos, y también les orientan sobre procesos formativos que les capaciten para acceder a puestos de trabajo y les ayudan en los trámites para lograr ayudas como la RGI.

Tras explicar en Bilbao que la fase de autonomía del Sistema de Protección Internacional del Gobierno Vasco ha atendido en un año a 154 personas reconocidas como refugiadas, reasentadas o apátridas, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha informado de que su departamento comenzó ayer a facilitar esas guías por el canal de WhatsApp a través de ONGs.

Además, desde hoy ha dejado folletos publicados en los consulados y las sedes de organizaciones que tratan con esas personas como Cruz Roja, CEAR, Cáritas, puntos de la red AHOLKU SAREA y colegios de abogados, con el objetivo de darle la mayor difusión posible entre las personas que tienen derecho a entrar en ese proceso.

Ha agradecido la colaboración de las asociaciones y entidades sociales para confeccionar esas guías con los pasos a dar en esa tramitación y también la disposición de «la comunidad vasca, que es clave para dar una oportunidad a esas personas» migrantes.

«Una oportunidad» para Euskadi

«En este momento la regularización es una oportunidad para un determinado sector de la población que ya vive entre nosotros y nosotras; aprovechémosla, seamos pragmáticos», ha propuesto.

«Seamos conscientes, ha continuado, del reto demográfico, del reto migratorio y el reto generacional» que tiene Euskadi y «digámosles cuáles son las reglas del juego» para poder conseguir su regularización.

Ha pedido «empatía» hacia estas personas, muchas de las cuales son mujeres que trabajan en el sector cuidados y que ahora podrían regularizar su situación, pero además, ha advertido que «como país, egoístamente, también necesitamos para puedan seguir trabajando».

Melgosa ha aclarado que «la herramienta» de la regularización «no era nuestra», pero ha propuesto aprovecharla para «tener un bienestar mejor comunitario».

También «es una oportunidad clave» especialmente para personas jóvenes que tienen que regularizar su situación para poder terminar los procesos formativos que están haciendo y acceder después a un empleo.

Por eso, ha dicho, es tan importante trabajar como un «triunvirato», entre las entidades sociales con las propias personas a las que atiende, los centros formativos y las empresas que buscan trabajadores y, en tercer lugar la Administración, «para facilitar que sea posible».

En cualquier caso, Melgosa ha vuelto a reclamar las competencias en inmigración para Euskadi «porque creemos que se lo hacemos bastante mejor porque estamos apegados de la realidad y porque el modelo vasco de acogida a migrantes funciona, aunque pueda tener errores».

Acogida a personas que piden protección internacional

Sobre la fase de autonomía del Sistema de Acogida de Protección Internacional, la consejera ha expuesto que, desde que hace un año que el Gobierno Vasco asumió la gestión integral de ese proceso de quienes son beneficiarias de protección internacional, se han atendido a 114 unidades de convivencia, que agrupan a 154 personas.

En la actualidad permanecen activas 93 unidades de convivencia, con 125 personas, de las que la mayoría son hombres (61 %), si bien también hay muchas mujeres con hijos menores a su cargo.

La mitad de esas personas que buscan protección en Euskadi está en Bizkaia, donde residen 83 de esas personas, seguida de Álava con 42 personas y 35 en Gipuzkoa.

Muchas proceden de Ucrania (47 personas), de Mali (29), de Sáhara Occidental (23) y de Palestina (13), entre otros países de los que han huido por situaciones de violencia, persecución o violación de derechos humanos.

En 2025 se registraron 31 procesos finalizados, la mayoría por agotamiento del tiempo máximo de estancia. EFE