Representantes de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, que agrupa a sindicatos y a distintas organizaciones, han denunciado la «letra pequeña» de la nueva ley que regula la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) porque condiciona las «mejoras que vende el Gobierno Vasco» y no ayuda a acabar con la pobreza.
El día en el que entra en vigor la nueva ley, la Carta de Derechos Sociales se ha concentrado frente al Parlamento Vasco para mostrar su disconformidad con la normativa al considerar que no incorpora novedades ya que asegura que deja fuera de las coberturas sociales a la misma gente que lo estaba antes de su aprobación.
La portavoz de la plataforma, Sheila Fernández, ha criticado que la ley no elimina el 7 % del recorte de la RGI aprobado por el Gobierno Vasco en 2012, y que «no está pensada para acabar con la pobreza».
«Las nuevas mejoras no son tales. Bajar la mayoría de edad a los 18 años implica unos requisitos muy rígidos que no van a cumplir la mayoría de los jóvenes de esa edad que están en situación de vulnerabilidad. Además, el empadronamiento de tres años es solo para unos pocos colectivos», ha puesto como ejemplos.
Ha asegurado también que la ley implanta sistemas punitivos y de control «para criminalizar y estigmatizar» a las personas con derecho a cobrar prestaciones sociales cuando, según ha comentado, «no es comprensible porque el fraude es menor del 0,7 %».
Por todo ello, ha dejado claro que los colectivos que integran la plataforma seguirán movilizándose para denunciar que la ley «no incorpora ninguna novedad en la lucha contra la pobreza».
La nueva norma recoge, entre otras novedades, el incremento de las cuantías, la bajada de los 23 a los 18 años de la edad para cobrarla, y la rebaja del tiempo de padrón necesario para pedirla de los tres años hasta el año, cuando hay menores o personas con discapacidad o dependencia.
También contempla novedades en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de los beneficiarios con el establecimiento de un sistema que generaliza la pérdida parcial de la prestación. La pérdida total se reserva para los casos más graves. EFE
Ayvá, alguno que no pilla cacho protesta. Por supuesto, nada de protestar por el fraude descarado ni del pasotismo de la casta politicofuncionarial, ni de que nadie se averguence ni pida perdon, ni nadie haya pagado ni piense pagar, ni nadie condene ni piense condenar. Que el posible fraude en todo caso y sin generalizar, es pequeñito.