Sin acuerdo para suspender el contrato de un acusado del caso De Miguel

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de miguel tellería
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(EFE).- Los grupos de la oposición en el Parlamento Vasco no se han puesto de acuerdo para pedir que se detenga la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano (Álava) y se suspender el contrato con la empresa Stoa, cuyo administrador es uno de los acusados del «caso de Miguel», hasta que haya sentencia.


EH Bildu y Elkarrekin Podemos habían presentado una iniciativa conjunta en este sentido y el PP una enmienda con el mismo fondo pero distintas formas, ya que los primeros dirigían su petición al Ayuntamiento de Vitoria y los populares al Consejo de Administración del parque.

Cada uno ha respaldado su propio texto y se ha abstenido en la votación de la otra iniciativa, y como los socios del Gobierno Vasco PNV y PSE los han rechazado, ninguna propuesta ha salido adelante.

Durante el debate los partidos de la oposición han cuestionado la necesidad de ampliar el parque tecnológico al entender que no hay demanda de empresas y se han mostrado favorables a suspender el contrato de asistencia técnica del proyecto con Stoa hasta que la Audiencia de Álava dicte una sentencia sobre el presunto caso de corrupción que afecta a exdirigentes del PNV .

En este proceso está acusado su administrador, Sergio Fernández Oleaga, para quien la Fiscalía pide 7 años y 5 meses de cárcel al considerar que logró este contrato gracias a la intermediación del entonces diputado y número dos del PNV de Álava, Alfredo de Miguel De Miguel y abonó por ello una comisión de 3.570 euros a Kataia Consulting, la empresa sobre la que supuestamente pivotaba una supuesta trama de cobro de comisiones ilegales.

Los partidos del Gobierno, PNV y PSE, han defendido la necesidad de ampliar la superficie del parque porque hay solicitudes de empresas para instalarse y han afirmado que el contrato con Stoa (adjudicado en 2009 tras un concurso público) «sigue absolutamente vigente» porque el encausado es Fernández Oleaga, no el contrato.

El nacionalista Luis Tellería, ha considerado que «lo lógico y razonable es continuar» con el mismo y ha advertido que si se rescindiera habría que pagar una indemnización. «O sea, que de Guatemala a Guatepeor», ha añadido.

Ha asegurado además que hay peticiones «reales» de empresas para asentarse en Miñano y ha añadido que negar este extremo obedece a la «pereza» de los parlamentarios de la oposición para buscar la documentación.

En la misma línea Susana Corcuera (PSE) ha subrayado la vigencia del contrato y ha abogado por no «perder oportunidades» de que se implanten nuevas empresas en Álava.

Miren Larrion, de EH Bildu, ha considerado «incomprensible» la ampliación del parque cuando aún hay «un 30 % libre», ha pedido preservar el suelo agrícola de la zona y ha criticado que se haya «reactivado» el contrato con Stoa nueve años después de la adjudicación cuando se trata de una empresa vinculada al «caso de Miguel».

Desde Elkarrekin Podemos, José Ramón Becerra, también ha rechazado la ampliación de Miñano porque aún tiene espacio disponible y porque en Vitoria hay otros polígonos con parcelas sin ocupar, ha abogado por «no invadir suelos rurales» y por suspender el contrato con Stoa «por lo menos hasta tener sentencia».

En opinión del popular Javier Ruiz de Arbulo este contrato «huele muy mal»: «Tiene tanta porquería que al final te huelen mal los dedos de pasar las hojas», ha dicho el parlamentario del PP, que cree que Stoa fue la adjudicataria «de una forma asquerosa, en plan cambalache y en plan amiguismo». EFE

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