El Gobierno Vasco y las tres diputaciones han alcanzado un preacuerdo sobre la Ley de Aportaciones, prorrogada desde 2012 por discrepancias para renovar la metodología de distribución de recursos entre estas instituciones, en el que mantiene el porcentaje que aporta cada territorio a las arcas comunes.
Tras una década de desencuentros sobre este asunto, el Ejecutivo vasco y las diputaciones, todos ellos gobernados en coalición por el PNV y el PSE, han alcanzado este preacuerdo por el que se determinan las aportaciones de las tres diputaciones a la financiación de los presupuestos del País Vasco para el periodo 2022-2026.
La anterior Ley de Aportaciones fue aprobada en 2007 por el tripartito PNV-EA-EB, con el apoyo del PSE y Aralar, y el rechazo de PP y EHAK, y su vigencia concluía en 2011.
Ahora, gracias a este preacuerdo, se convocará un Consejo Vasco de Finanzas Públicas extraordinario el próximo 15 de julio en el que se aprobará la nueva metodología y posteriormente el Consejo de Gobierno tendrá que dar luz verde al proyecto de ley que se remitirá al Parlamento Vasco para su aprobación.
Uno de los principales cambios es que el coeficiente vertical, que atiende al reparto competencial de los distintos niveles institucionales, se incrementa del 70,04 % al 70,81 % fundamentalmente por la integración de los nuevos traspasos asumidos por el Gobierno Vasco en los últimos años.
Dicho coeficiente refleja también la integración de la cuantía correspondiente al Fondo de Servicios Sociales en el modelo de distribución vertical, que se amplía desde los 20 millones actuales a los 35 millones de euros.
El preacuerdo mantiene sin embargo en sus mismos términos la metodología para el cálculo de los coeficientes horizontales de aportación.
Los coeficientes horizontales establecen lo que aporta cada uno de los tres territorios a las arcas comunes de Euskadi y están fijados en el 16 % en el caso de Álava, en el 33,06 % en Gipuzkoa y en el 50,94 % en Bizkaia.
Respecto al Fondo General de Ajuste, se mantiene el objetivo de asegurar que el peso relativo de la recaudación de cada Diputación alcance el 99 % de su coeficiente horizontal.
El límite máximo de este fondo aumenta hasta el 1,45 % de los recursos a distribuir entre las instituciones vascas, frente al 1 % vigente, lo que a juicio del Gobierno Vasco, incrementará «las garantías» para los territorios históricos.
Por otra parte, el porcentaje mínimo de participación de las entidades locales en los tributos concertados se establece en un 39,23 %, mayor que el actual.
En un comunicado conjunto el Departamento de Hacienda y las tres diputaciones señalan que si se consigue aprobar la ley antes del Consejo Vasco de Finanzas Públicas de octubre las instituciones vascas podrán elaborar los presupuestos de 2022 aplicando ya la nueva metodología.
Este preacuerdo recoge las reivindicaciones planteadas por las distintas instituciones y pone en valor la incorporación de los preceptos que se derivan de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi (LILE), con un capítulo especialmente dedicado a la financiación municipal. EFE
