El portavoz del PP en las Juntas Generales de Álava, Javier de Andrés, ha denunciado hoy que si no se renueva la Ley de Aportaciones hasta 2017 Álava perderá 115 millones de euros, que se suman a los 268 millones que tampoco ha ingresado en las arcas forales desde que en 2011 se prorrogó esta ley.
De Andrés ha criticado en una rueda de prensa que los tres diputados generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa anunciaran ayer tras reunirse con el lehendakari, Iñigo Urkullu, que la Ley de Aportaciones 2007-2011, que está prorrogada, no se renovará hasta 2017 porque quieren que su actualización sea consensuada entre todas las formaciones políticas.
El ex diputado general alavés ha explicado que estas pérdidas se calculan por la diferencia entre lo que Álava se queda para sí y el importe que debería poder gestionar si alcanzase el 99 % del coeficiente horizontal, como establece esta propia ley, algo que en el caso de Álava y de Gipuzkoa no ocurre.
Por ello, ha tachado de «completamente inapropiada» la actitud que mantuvo ayer el nuevo diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), al mostrarse «complacido» con el retraso en la modificación de esta ley, a pesar de que esta decisión «perjudica especialmente» al territorio.
A su juicio, González «confunde la lealtad con la sumisión» a su partido, dado que actualmente tanto el Gobierno Vasco como las tres diputaciones están en manos del PNV.
De Andrés ha asegurado que no quiere entrar en una disputa interterritorial, pero ha anunciado que el PP planteará iniciativas tanto en el Parlamento Vasco como en las Juntas Generales para que la ley se renueve ya.
Ha recordado además que la prórroga de la Ley de Aportaciones «no es íntegra» ya que se han suprimido planes complementarios que eran beneficiosos, como el Plan Marco de Apoyo Financiero a la Inversión Productiva, que aportaba 140 millones al año a las diputaciones, el Fondo para el Desarrollo de Infraestructuras Sanitarias y Servicios Sociales, dotado con 80 millones anuales, y el Fondo para el Desarrollo de Actividades de Innovación, que inyectaba 40 millones cada ejercicio.
Dado que «los dos beneficiados» por esta ley son Bizkaia y el Gobierno Vasco, De Andrés entiende que debe ser el Ejecutivo de Vitoria el que «asuma más riesgo» y aporte una «partida importante» al Fondo General de Ajuste para financiar a las tres diputaciones.
El problema para avanzar en un acuerdo que permita renovar la Ley de Aportaciones es, a juicio del ex diputado general alavés, «político, no técnico» y está convencido de que si el territorio perjudicado fuese Bizkaia ya se habría aprobado una nueva legislación.
También ha defendido la necesidad de una reforma tributaria para bajar los impuestos, como propugna su partido, a pesar de que ayer el Gobierno Vasco y los tres diputados generales descartaron que fuera el momento de hacerla hasta que los cambios fiscales pactados por PNV, PSE y PP den sus frutos.
De Andrés, sin embargo, ha argumentado que si ha habido un aumento en la recaudación por IRPF de un 14,4 % los ciudadanos deben percibir esos ingresos adicionales que tienen las haciendas forales.