El Síndico-Defensor vecinal de Vitoria, Martín Gartziandia, ha avisado al Ayuntamiento, y por tanto, a su máximo responsable, el alcalde Gorka Urtaran, que estudie opciones para evitar trasladar sus problemas a los vitorianos.
El defensor reclama al Consistorio que se estudien con detenimiento los «cauces legales existentes para no cargar sobre los ciudadanos las consecuencias de un conflicto del que no son parte».
La oficina del defensor del vecino ha hecho pública hoy una nota en torno a la huelga de celo que están llevando a cabo agentes de la guardia urbana y que se está traduciendo en un incremento notable de las multas, como medida de presión al Ayuntamiento en sus reivindicaciones laborales.
Ha recomendado a los vitorianos que se sientan perjudicados por la huelga de celo de la Policía Local que acudan a su oficina, al Ararteko o al Defensor del Pueblo para presentar una queja.
El Síndico recuerda que la ley prevé que son anulables los actos administrativos como la «desviación del poder», una «irregularidad» que se da cuando «existe un acto de la administración aparentemente ajustado a derecho», como una denuncia de tráfico, pero que «en el fondo persigue un fin distinto del interés público querido por el legislador», en este caso la seguridad vial.
Tras reconocer que es «muy difícil de probar» en este caso, el Síndico entiende que el Ayuntamiento «no puede mantenerse ajeno» a las evidencias de la situación, como si las denuncias formuladas «lo hubieran sido en circunstancias de absoluta normalidad».
Recomienda a los ciudadanos multados que si el Ayuntamiento «finalmente» tramita de manera ordinaria todas estas denuncias de la Policía Local que en otras circunstancias no se efectúan, se acojan al pronto pago si creen que no tienen posibilidades ciertas de rebatirla mediante recurso, aunque les quede la posibilidad de iniciar un procedimiento judicial.
