El sindicato ELA ha denunciado que el balance un año después de la transferencia de la competencia de prisiones a Euskadi se resume en que hay «menos personal, caos organizativo y riesgo de privatización».
En una nota, la central ha criticado que el Gobierno Vasco «incumple los acuerdos, ha empeorado la atención a los internos y sigue dependiendo de los medios materiales e informáticos del Estado».
ELA ha criticado también «la abdicación del Gobierno Vasco en política lingüística», al no haber «una plena integración del euskera en las prisiones» y utilizar «sin rubor baremos estatales que infravaloran el euskera para la provisión de puestos».
La central ha censurado que el Gobierno Vasco «no ha dado a conocer aún cuál es su proyecto y se limita a enmascarar la situación con una campaña de publicidad y autobombo que oculta deliberadamente numerosas carencias».
Entre otras cuestiones, ha criticado que todavía «se desconoce el plan de infraestructuras» y «no se sabe», por ejemplo, si se van a construir centros de inserción social para el cumplimiento de penas en régimen de semilibertad.
La central ha denunciado que la plantilla es «muy deficitaria» en el centro de Álava y que falta de personal en las oficinas del centro de Gipuzkoa (Martutene), que ha pasado de «los diez efectivos necesarios a solamente dos».
ELA, que también ha criticado que los trabajadores no tengan uniforme propio y sigan utilizando «el del Estado», ha reprochado que el Gobierno Vasco «no ha negociado» con los sindicatos las cuestiones relativas a la plantilla, lo que implica «un caos organizativo absoluto», con «uso masivo» de horas extras, acumulación de turnos y no disfrute de libranzas.
«La gestión de la transferencia ha traído precariedad, desigualdad, inseguridad», ha concluido ELA, que ha considerado «inadmisible que un avance parcial en el ámbito competencial haya supuesto semejante retroceso social y laboral por la nefasta gestión del Gobierno Vasco».
El sindicato ha advertido, además, del riesgo de privatización de algunas labores en el ámbito de la reinserción tras las ayudas convocadas por el Gobierno Vasco para empresas y fundaciones por valor de «6,2 millones de euros ampliables para 2022-2023».
Por otra parte, ELA, que ha indicado que por todo ello la mayoría del personal penitenciario ha optado por iniciar movilizaciones, ha valorado positivamente el traslado a cárceles vascas «de los presos políticos», en alusión a los presos de ETA, y ha denunciado que algunos tribunales «estén revisando cuestiones como la progresión de grado de algunos reclusos».
Respecto a otros presos con arraigo en Euskadi pero que cumplen condena en cárceles alejadas, ha reprochado que «hay cierta inacción para acercarlos a los centros vascos». EFE
