La consejera de Igualdad y Justicia del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, presidirá este viernes en la prisión de Basauri su primer acto oficial como gestora de los centros penitenciarios vascos, al entrar en vigor el 1 de octubre la transferencia en esta materia.
Artolazabal realizará unas breves declaraciones antes de descubrir en el centro penitenciario la nueva placa que identifica la prisión como una infraestructura del Gobierno Vasco, y posteriormente se reunirá con las directoras de las prisiones de Basauri (Bizkaia), Vicenta Alonso, y Martutene (Gipuzkoa), Marian Moreno, así como con el director de Zaballa (Álava), Benito Aguirre.
También asistirá al encuentro de trabajo el equipo de Justicia encabezado por la viceconsejera, Ana Agirre, el director general, Eugenio Artetxe, y el como el asesor de la consejera en materia penitenciaria, Jaime Tapia.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 29 de junio cuatro reales decretos por los que se formalizaban nuevos traspasos de competencias al País Vasco, entre ellos la gestión de las instituciones penitenciarias que se ubican en su territorio.
Previamente, el 10 de mayo, el Estado y el País Vasco firmaron el traspaso de la gestión de las tres prisiones vascas a Euskadi, que suman 966 reclusos.
Cuando se termine la nueva prisión guipuzcoana de Zubieta, pasará a depender del Gobierno Vasco, y a su vez éste devolverá la actual de Martutene al español, que la cerrará.
La transferencia también incluye el edificio de la antigua cárcel de Nanclares, que fue clausurada y ya no acoge a población reclusa.
También se transferirá a Euskadi el personal que atiende a las tres prisiones: 620 funcionarios y 50 laborales, que a partir de ahora cobrarán del Gobierno Vasco.
El traspaso incluye la gestión de las prisiones, es decir, la competencia sobre su organización y funcionamiento. Se trata de una transferencia prevista en el Estatuto de Gernika, hace 41 años, y que ya ejerce Cataluña, aunque la parte legal -normas y reglamentos penitenciarios- sigue siendo la misma para toda España.
Esta legislación establece que son las juntas de tratamiento de cada prisión las que deciden proponer traslados o la progresión de grados, todo ello bajo la supervisión del juez de vigilancia penitenciaria.
Este punto es el que mas polémica política ha causado, por las sospechas de partidos como el PP en torno a que esta transferencia podría beneficiar a los presos de ETA.
El Gobierno Vasco ha rechazado esas sospechas y ha insistido en que su intención es potenciar la reinserción de todos los reclusos, objetivo que figura en la Constitución. EFE
