Lío parlamentario por la suspensión de RGI a una mujer que “incumplió”

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IMQ – Nov 18
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La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha asegurado hoy que la suspensión durante un mes de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a una mujer con cuatro hijos que fue maltratada por su expareja se hizo en cumplimiento de la ley “por duro que parezca”.

Artolazabal ha respondido así durante el pleno de control que hoy celebra el Parlamento Vasco a una pregunta de la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Tinixara Guanche sobre este caso que ya ha denunciado el Ararteko.

Guanche ha explicado que Lanbide suspendió la RGI a una mujer víctima de la violencia machista con 4 hijos a su cargo, tres de ellos con diferentes grados de discapacidad, que tuvo que huir de su domicilio tras sufrir una agresión de su expareja, que tiene una orden de alejamiento.

Lanbide argumentó que la mujer no comunicó “unos ingresos esporádicos” que le hizo su expareja y padre de los niños en concepto de pensión alimenticia.

Según la parlamentaria, además de la suspensión de la ayuda social durante un mes, Lanbide le reclama mil euros de pagos indebidos.

De “absoluta vergüenza e intolerable” ha tachado Guanche esta decisión de Lanbide. “Esto es violencia desde la administración con las personas más vulnerables. Le guste o no escucharlo”, ha denunciado ante la consejera.

“¿No le da vergüenza? ¿De verdad cree que Lanbide y este Gobierno ha cumplido con esta mujer?, ha insistido tras señalar que esta actuación con la mujer maltratada “no es humana”.

La consejera Artolazabal ha replicado que en este caso “por duro que parezca” se ha aplicado la ley porque la mujer “ha incumplido” sus compromisos como beneficiaria de esta prestación dado que “no presentó comunicación algunas sobre sus ingresos”.

Ha explicado que Lanbide establece criterios “más flexibles” para las mujeres víctimas de violencia machista que solicitan la RGI y por ejemplo no se computan como ingresos las prestaciones que reciben por ser víctimas de maltrato.

Además, ha continuado, sólo deben acreditar un año de empadronamiento en lugar de tres, y se les “excepciona” del requisito de constituir una unidad convivencial como mínimo de un año de antelación a la fecha de presentación de la solicitud.

Tampoco en casos se exige la documentación de ingresos de pensión alimenticia si existe un informe de los servicios sociales que así lo aconseje. “La mujer ha incumplido los compromisos”, ha reiterado.

La consejera se ha mostrado muy molesta con las acusaciones de Guanche, a la que ha acusado de hacer “política barata” para acusar al Gobierno Vasco de algo “que no es verdad”.

“Usted se cree que es la única que defiende a las personas y (dice) que los demás somos los tiranos o no tenemos corazón a la hora de tener en cuenta estas situaciones”, ha denunciado. EFE

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1 Comentario

  1. Creo que lo de “ocultar ingresos esporadicos” o trabajar en negro para no perder ayudas es demasiado frecuente. ¿se debe permitir, o se debe castigar por ser un fraude a la sociedad?
    Yo creo que la honradez hay que premiarla, y su falta, castigarla para no fomentarla.

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