Zaintza Araba escribe un artículo de opinión sobre el aniversario de la pandemia y su afección al modelo de residencias en Álava, que incorporamos íntegramente:
«Han pasado cinco años desde que la pandemia inició su recorrido. Pandemia que supuso que todas conociéramos el modelo de cuidados, que hizo aguas por todos los lados. Los datos de contagios y fallecidos en las residencias, sobre todo en las privadas, fueron mucho más que números.
En junio de 2020, el Diputado General de Álava decía que “se adaptará el modelo residencial hacia un modelo que trate a los mayores más como personas y menos como pacientes. Lo más parecido a un hogar y con una atención integral centrada en las personas”. Añadía que “el nuevo modelo residencial permitirá el envejecimiento pleno y responsable, proporcionando a cada persona los recursos que necesita, más allá de la atención clásica actual”.
Cinco años después, nada de eso ha sucedido. Nada ha cambiado. Campañas propagandísticas con mucho bombo y platillo, que no han supuesto ningún cambio en los cuidados. En estas campañas se ha hecho una gran inversión, en detrimento de la inversión de mejora diaria y real de los cuidados.
Las estructuras arquitectónicas, las plantillas y la formación continua de las profesionales, en la mayoría de los centros residenciales, siguen siendo las mismas que en marzo de 2020.
Es imposible que la inspección pueda realizar un mapa real de lo que sucede en cada residencia. A parte de los controles de cumplimiento de los trámites legales, es necesario reunirse con las familiares, allegados y residentes, que son quienes ven el día a día, más allá de los papeles. Una cosa es la documentación que presentan las residencias y otra la que cumplen. Y esto no sucede por falta de profesionalidad de las trabajadoras de la inspección, sino por falta de personal.
La ayuda a domicilio sigue siendo insuficiente, no cubre las necesidades reales para que las personas puedan continuar viviendo en su domicilio en unas buenas condiciones. Etxean bai, pero no a cualquier precio ni en malas condiciones.
Desde Diputación se sigue mirando hacia otro lado cuando familiares, allegados y asociaciones hacen públicas las deficiencias y reclaman un cambio de modelo, participación, mejora de las condiciones laborales y formación continua. Siendo su respuesta, en muchos casos, el intentar desacreditarlos, en vez de dar soluciones, utilizando para ello estrategias que nada les honran.
Las condiciones laborales precarias de las trabajadoras, que no tienen convenio colectivo de herrialde, repercuten directamente en los cuidados. Cuenta con plantillas insuficientes y una sola trabajadora atiende entre 14 y 24 residentes en el turno de noche. Dos trabajan en el turno de mañana y dos en el de tarde; además, en muchos centros limpian, ponen lavadoras, colocan la ropa en los armarios… En estas condiciones no se puede dar una buena calidad de cuidados.
Las cláusulas abusivas en la mayoría de las residencias privadas, son numerosas. Ante denuncias y reclamaciones, responden que es un contrato privado. Permiten que no se hagan responsables de pérdidas de prótesis o ropa, así como que si deja la residencia el día 10, abone hasta el 15 o si lo hace el 16 abone hasta el 30, es decir, permitiendo cobrar a dos personas por una misma plaza. No son más que un puñado de ejemplos.
Las PEVS (Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio) no son prestaciones privadas, son públicas y ni en 2024 ni en 2025 han experimentado incremento alguno. Pero, las residencias han subido los precios, cada una lo que ha considerado.
Es necesario y urgente un cambio del modelo actual, desde el diseño de los espacios hasta la forma de trabajar y relacionarse con las personas mayores. Hay que crear entornos más seguros, cercanos y personalizados donde la participación continua de familiares, allegados, residentes, trabajadores y trabajadoras y asociaciones sea una constante. Haciendo a todos y todas partícipes de los cuidados, el beneficio está asegurado.
No se puede priorizar el beneficio económico frente a la calidad asistencial. Los cuidados de calidad son un derecho, nunca debieron ser un negocio sin control».
Fdo: Txaro Marquinez Idiaquez, Maita Ramos Sierra y Marixa Díaz de Arkaia Landa
