El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha confirmado que su departamento remitirá a lo largo del día de hoy a la Fiscalía vasca toda la información de la que dispone sobre la administración de vacunas caducadas, tras recibir ayer el requerimiento oficial para hacerlo.
La Fiscalía Superior del País Vasco anunció la incoación de diligencias de investigación sobre la administración de vacunas caducadas por parte del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza a finales del mes de enero con el objetivo de abrir una investigación que determine la existencia o no de un delito contra la salud pública.
El consejero ha explicado este jueves que el requerimiento de la Fiscalía llegó ayer la Dirección General de Osakidetza de manera presencial y a través de la policía judicial, en este caso la Ertzaintza, trámite que se retrasó al parecer por un «problema en el registro».
«Estamos en contacto con la Fiscalía y hoy mismo le remitiremos toda la información de manera presencial y por vía informática. Nos ponemos a su disposición en todos los ámbitos que lo necesiten», ha dejado claro a su llegada al pleno del Parlamento Vasco.
PNV y PSE impiden que el Parlamento pida responsabilidades políticas por las vacunas
PNV y PSE, con mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, han impedido que la Cámara pida al Departamento de Salud responsabilidades políticas por las vacunas caducadas que se han inoculado a varias personas, entre ellas bebés, como ha exigido la oposición.
Ambos grupos políticos socios en el Gobierno Vasco han votado en contra de sendas iniciativas, una del PP y otra conjunta de EH Bildu y Sumar, en la que entre otras cuestiones solicitaban a Salud que adopte responsabilidades políticas, sin señalar específicamente a nadie, por los errores que se han sucedido como consecuencia de las «deficiencias» estructurales organizativas y de funcionamiento.
El debate en el pleno se ha producido después de que el lunes el consejero de Salud, Alberto Martínez, diera explicaciones en el Parlamento y admitiera que a pesar de no generar ninguna consecuencia en la salud de las personas, ni a corto ni a largo plazo, «ha sido un error que nunca debería haber sucedido»-
«No hay víctimas, no hay daño». Todas las vacunas caducaron en los centros de salud y fue por fallos humanos, «sin ninguna voluntariedad por parte de nadie», aseguró el consejero.
Este mismo jueves el Departamento de Salud remitirá a la Fiscalía vasca, que ha abierto diligencias de investigación, toda la información de la que dispone sobre la administración de vacunas caducadas.
Las iniciativas de la oposición, en las que además de las responsabilidades políticas pedían otras mejoras en el sistema, han sido rechazadas y en su lugar ha sido aprobada una enmienda conjunta del PNV y PSE, sin ningún otro apoyo, en la que se ha solicitado al Departamento de Salud que agilice la batería de medidas comprometidas por Osakidetza, y que se establezca un protocolo de comunicación ciudadana para transmitir confianza y seguridad en hipotéticos casos de incidencias sanitarias.
Desde EH Bildu, la parlamentaria Rebeka Ubera ha reprochado al consejero que haya «minimizado» el asunto con el fin de «ocultar» carencias estructurales en Osakidetza y las responsabilidades de gestión y seguir difundiendo la imagen de «que todo va bien». Todavía, ha añadido, no se sabe hasta donde llega la magnitud de las vacunas caducadas.
En la enmienda conjunta de EH Bildu y Sumar se pedía la asunción de responsabilidades políticas por la gestión «ante las claras deficiencias estructurales organizativas y de funcionamiento, que han supuesto que un número significativo de bebés no se encontraran adecuadamente protegidos frente a graves enfermedades infecciosas».
La representante del PP Laura Garrido se ha dirigido en el pleno al lehendakari, Imanol Pradales, para reprocharle que no haya habido responsabilidades políticas que se deberían de haber asumido ya por las sucesivas incidencias en la cadena de trazabilidad. También ha denunciado que se haya tratado de minimizar este problema desde el principio y que los afectados hayan estado «claramente desprotegidos» por los cambios de criterio constantes que se han sucedido. «Demasiados interrogantes», ha concluido.
Desde el Grupo Mixto, Jon Hernández (Sumar) ha considerado «grave» este asunto y ha exigido también responsabilidades políticas porque daría un mensaje de la certidumbre que hay que transmitir a la sociedad, mientras que la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, que no ha presentado ninguna enmienda, ha criticado en su intervención la «pésima gestión política» que se ha llevado a cabo que «ha puesto en riesgo a menores».
Tanto Jon Aiartza (PNV) como Ekain Rico (PSE-EE) han reconocido la existencia de errores en este caso pero han defendido las actuaciones emprendidas por el consejero para esclarecer lo que ha ocurrido, la transparencia que existe y las explicaciones que ha ofrecido a la sociedad y al Parlamento. EFE






