La Fiscalía del País Vasco ha archivado las diligencias de investigación abiertas por la administración de vacunas caducadas por parte de Osakidetza al considerar que no está acreditado que las dosis causaran un «resultado lesivo» en quien las recibió.
A su entender, sí se dio una «situación de riesgo» al carecer los pacientes -la mayoría bebés- «del efecto de protección» que dispensan los sueros, pero considera «discutible» que ello pueda «traspasar la barrera penal».
Entiende de este modo que no ha quedado acreditado «de forma suficiente» una reacción lesiva, hecho que sí se encuadraría dentro de los delitos contra la salud pública (artículo 361 del Código Penal).
Osakidetza administró durante el pasado año 274 dosis caducadas de 21 tipos de vacunas en centros pertenecientes a las trece Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI) de Euskadi.
A esa cifra, recogida en una respuesta parlamentaria del Departamento de Salud a EH Bildu, se sumarían otros 7 sueros caducados que se inocularon en 2024 y otros 86 en 2023.
Tras conocerse los hechos, la asociación ‘El Defensor del Paciente’ presentó el pasado mes de enero un escrito en la Fiscalía ante lo que consideraba una «negligencia grave de naturaleza penal».
A su juicio, lo acontecido no podía calificarse de error «sino negligencia y/o falta de cuidado».
Sin embargo, la Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán, ha acordado el archivo de las diligencias investigación -sin posibilidad de recurso- en un escrito firmado el pasado 21 de mayo.
En el documento, si advierte por contra que en la documentación trasladada desde Osakidetza en relación a las vacunas suministradas -tipo, laboratorio, fecha de caducidad- «algunas de las comunicaciones son incompletas o aparecen con medio foleo en blanco rompiendo la trazabilidad de los correos».
El viceconsejero de Salud y Transformación Digital, Gonzalo Tamayo, se ha referido al archivo por parte de la Fiscalía de la causa abierta por las vacunas caducadas y a la referencia que hace el Ministerio Público a que hubo un retraso en la revacunación de 200 afectados.
Tamayo, quien ha hecho estas declaraciones en Vitoria, en una rueda de prensa sobre eutanasia en Euskadi, ha destacado que la Fiscalía reconoce que no hubo riesgo para los niños y que, por lo tanto, «si no hay riesgo, que es lo que el Departamento expresó y comunicó desde el primer momento, eso daba tiempo para tomar la mejor decisión».
Una decisión «fundamentada en los mejores criterios de evidencia científica y tras consultar a todos los agentes que podían aportar y valorarla», como el consejo Asesor de Vacunas y la Agencia Española del Medicamento.
«Precisamente esa ausencia de riesgo lo que nos proporcionó es el tiempo necesario para tomar una decisión rigurosa y basada en la evidencia científica contrastada con todos los agentes con capacidad y autoridad para fundamentar esa decisión», ha concluido. EFE
