El País Vasco tiene 498 plazas estructurales para menores más que las que le correspondería por población, de acuerdo a la propuesta de derivación según criterios de población planteada por el Gobierno central
Según esta fórmula, presentada por el Ministerio de Juventud e Infancia, junto con Euskadi superan el mínimo de plazas estructurales que les tocaría, además de las zonas de llegada (Canarias, por 65; Ceuta, por 45; y Melilla, por 150), Cataluña (1.065 más), y Navarra (85).
Estos datos revelan la diferencia entre el número de plazas estructurales que tiene cada comunidad y las que les correspondería según este reparto, pero Canarias y Ceuta cuentan, además, con alrededor de 4.000 y 400 plazas de emergencia, respectivamente, para hacer frente a la presión migratoria.
Así se refleja en uno de los documentos -al que ha tenido acceso EFE- sobre los que trabajan Gobierno, Canarias y, hasta hace unos días, el PP, en sus negociaciones para llegar a un acuerdo para acometer una reforma de la ley de extranjería que establezca una acogida vinculante de los menores migrantes no acompañados entre todos los territorios para aliviar a zonas tensionadas como Canarias.
De acuerdo a esta fórmula, que se refiere en todo momento a plazas para la acogida de menores tutelados en general y no solo migrantes, la comunidad que más ‘déficit’ de plazas tiene, según lo que sería un reparto óptimo basado en criterios de población para el Gobierno, es la Comunidad de Madrid, a la que le ‘faltaría’ 1.145 plazas.
Le sigue Andalucía, que presenta un saldo negativo de 839, y Valencia, que tendría que generar 764 nuevas vacantes para ponerse al día con este sistema.
El resto de territorios que tendrían que crear nuevas plazas son Castilla-La Mancha (367), Galicia (327), Castilla y León (292), Región de Murcia (285), Aragón (140), Extremadura (92), Cantabria (59), Islas Baleares (56), Asturias (39) y La Rioja (32).
Las regiones a las que les falta capacidad de acogida en función de este reparto tendrían que crear un total de 4.437 plazas.
Según han informado a EFE fuentes de la negociación, para dar con esta fórmula se ha calculado cuántas plazas son necesarias en todo el territorio (unas 23.600) y después, se ha dividido la población española entre el número de plazas. Tras aplicar una serie de factores correctores, se ha obtenido el ratio de 1 plaza por cada 2.250 habitantes.
De esta forma, al dividir la población de cada comunidad autónoma entre 2.250, da como resultado el número de plazas que debe tener cada territorio.
Además, el objetivo es que todas estas vacantes sean estructurales y no de emergencia, como ocurre hasta ahora en muchos de los territorios, sobre en las zonas de recepción de migrantes.
Ayer, la ministra Rego, en declaraciones a los medios, aseguró que la creación de nuevas plazas según este sistema tendría un coste «muy muy muy muy bajo» para las comunidades.
Puso como ejemplo que este gasto sería el equivalente al 0,05 % de los presupuestos ejecutados por las autonomías en 2023 o el 1 % de la aportación extraordinaria que se va a hacer a las comunidades de cara a 2025.
Precisó que, en el caso de Madrid, solo con el 0,5 % de los beneficios fiscales que reciben «las personas más ricas» en el territorio, esta autonomía podría las plazas suficientes para la acogida de los menores. EFE
