El Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Euskadi ha denunciado la sobreocupación de los centros de acogida de menores, en especial los de extranjeros, y el déficit de herramientas con las que cuentan para ofrecerles un atención integral en un momento en el que además hay «un serio problema» de agresiones físicas a los profesionales.
Estos profesionales han trasladado esta reflexión a los partidos en la comisión correspondiente del Parlamento Vasco, en la que han explicado el análisis que han hecho de la situación actual y han pedido la reforma desde un enfoque «constructivo» del decreto de 2008 que regula los recursos de acogimiento para niños en situación de desprotección social.
En representación de este colectivo Sara Rodrígues ha llamado la atención sobre el incremento del número de menores catalogados en situación de desprotección «muy grave» que llegan a estos recursos públicos de acogida y dependientes en su mayoría de las diputaciones forales.
Ha incidido en la sobreocupación de estos centros, que ha ilustrado con cifras al poner como ejemplo el centro de la localidad vizcaína de Amorebieta, del que ha dicho que a pesar de tener una capacidad de 30 plazas «ha llegado a tener 249 menores».
A ello se le suma un aumento en la complejidad de los perfiles «con problemas de salud mental y adicciones» sin que los recursos disponibles se hayan actualizado a esta realidad, sobre todo a la de los menores migrantes que llegan «sin familia, con procesos malos, y con la barrera idiomática».
No criminalizar a menores
La agresiones verbales y físicas a los trabajadores, «incluso con arma blanca», también han crecido, en Bizkaia según ha dicho un 55 % durante el pasado año.
En este sentido, su compañera Leire González ha reconocido que hay un «serio problema con las agresiones» con «navajas o barras de hierro». «Son agresiones muy fuertes, con amenazas y coacciones y en situaciones muy complejas «, ha lamentado.
González ha puesto el foco en la respuesta que dan las instituciones a estas agresiones y ha denunciado que «no se protege» a los profesionales.
Por ello, ha insistido en que su intención no es «criminalizar a los menores» sino reclamar cambios en la norma para dotar a los centros de más recursos y herramientas, que estos sean más pequeños, el ratio baje y sea posible hacer intervenciones educativas con todos los menores.
«No queremos vigilantes de seguridad en los centros, queremos más profesionales educativos», ha precisado.
Ha considerado que a los menores, sobre todo a los que llegan de otros países «no se les trata como se debe» porque en Euskadi «no hay un modelo de red de acogida integral» que facilite suficientes herramientas que permitan hacer un «buen acompañamiento» encaminado a que tengan una buena formación y capacitación laboral.
SE LIA CUANDO SALEN CON 18 AÑOS
González ha explicado que cuando salen de estos recursos con 18 años «no tienen donde vivir ni donde comer y luego pasa lo que pasa, que en la foto lo que sale es que la lían en la calle». Ha insistido por ello en la necesidad de un modelo de acogida integral que ofrezca recursos también para jóvenes de entre 18 y 23 años y que les haga un seguimiento en todo su proceso.
«El flujo migratorio va a seguir y tendremos que tener recursos para ello. Hay que darle una vuelta al modelo de acogida y de intervención social. Una atención más individualizada significa que estos menores se puedan integrar», ha reclamado.
Revisión de licitaciones y auditorías
En la propuesta de revisión integral del decreto que han entregado a los grupos se recogen todos estas demandas que pasan por la creación de equipos multidisciplinares y adecuados a los nuevos perfiles y por la puesta en marcha de protocolos también para los trabajadores que tengan en cuenta que es un sector muy feminizado.
Alertan además del intrusismo laboral con gente que trabaja en los centros «sin ninguna formación», sobre todo en los de menores extranjeros, al tiempo que piden mayor apoyo técnico y emocional a los equipos educativos y revisar la respuesta educativa ante las agresiones.
Destacan también de que la privatización de estos centros, mayoritariamente subcontratados, implica unas peores condiciones laborales por lo que piden que una comisión revise las licitaciones y que además haya auditorías.
Desde el PNV, partido responsable de Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Aitor Urrutia, ha precisado que todas las competencias, entre ellas la migratoria, no están en manos de Euskadi. Aunque ha negado que el modelo de acogida esté agotado, si que ha reconocido que está «soprepasado» y se ha mostrado dispuesto a trabajar para adaptarlo a la nueva realidad junto a otras instituciones. EFE
Agresiones, amenazas, coacciones, …. Eso dentro del centro. Lo de fuera ni lo comentamos pero eh, «no hay que criminalizar»
El problema se acaba cuando metamos a uno de estos por cada casa de buenista de boquilla. Lo sabe hasta el más tonto
Eso eso torete hay ke ser malote muuuu maloteeee
No es cuestión de ser malote o buenote. Es coherencia. Si te gusta la basura, metela en tu casa. No quieras para los demás lo que tú no estás dispuesto a aguantar
No voy a escribir dando mi opinión sobre este tema, algunos me llamarían fascista, que no lo soy, aunque tampoco me iba a importar mucho porque prefiero que me llamen fascista a que me llamen traidor a España, mi patria.
Pues yo si quiero opinar.
No se puede acoger y proteger a menores extranjeros si a los 18 años los vas dejar en la calle, sin trabajo, sin recursos , sin vivienda.
Es de sentido común. Hay que ser ciego para no verlo y sin embargo es así ¿ Por qué?
Creo que hay que apoyar a los jóvenes, que quieran estudiar y tener un futuro pero dicho esto, a los que vienen a ejercer la violencia y a robar, puerta, no dejemos que las manzanas podridas, terminen por contaminar a todas.