Estrategia «Alfredo De Miguel»: Negar, negar y negar

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Ayer negó que la grabación fuera íntegra. Hoy sigue negando. El exdirigente del PNV alavés Alfredo de Miguel, principal imputado en una presunta trama de corrupción, ha asegurado que nunca pidió contratos ni trabajos a los responsables del Departamento de Juventud del Gobierno Vasco y tampoco ordenó adjudicaciones desde su cargo como diputado foral de Álava.


De Miguel ha hecho estas afirmaciones en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Álava contra él y otros 25 imputados, acusados de conformar una trama de cobro de comisiones ilegales en el mayor caso de presunta corrupción instruido y juzgado en el País Vasco.

Tras un receso de casi un mes en este juicio para que la Fiscalía y las partes negociaran posibles acuerdos de conformidad con los acusados, ayer se reanudó la vista con la declaración de De Miguel.

El exdirigente del PNV y exdiputado foral alavés no se encuentra entre los imputados con los que la Fiscalía ha llegado a estos acuerdos que, según desveló ayer el fiscal jefe, Josu Izaguirre, alcanzan a operaciones «esenciales» para «dejar acreditado» que se trata de «una trama organizada criminal» destinada al cobro de comisiones ilícitas.

De Miguel, que únicamente responde a las preguntas de su abogado, Gonzalo Susaeta, ya aseguró ayer que nunca ha solicitado una comisión por ningún trabajo y hoy ha ido negando los delitos por los que está acusado en los doce bloques sobre los que pivota esta presunta trama.

El acusado se ha centrado en los contratos adjudicados supuestamente por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco que presidía Juan José Ibarretxe a la trama liderada por De Miguel y otros dos exdirigentes nacionalistas, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería.

Según la Fiscalía, una veintena de contratos en materia de Juventud fueron adjudicados a dedo a tres empresas pantalla de la trama -Kataia, Errexal y Ortzi Muga- y en la mayoría de los casos no consta que se llevaran a cabo.

De hecho, Gurutz Larrañaga, exviceconsejero de Cultura y Juventud y Francisco Javier Sánchez Robles, exdirector de Juventud y Acción Comunitaria se sientan también en el banquillo acusados de valerse de sus cargos para la adjudicación irregular de contratos.

De Miguel ha reconocido que su empresa Kataia recibió tres contratos por importe de unos 33.000 euros y todos ellos se llevaron a cabo, aunque dos se subcontrataron a la empresa Errexal, otra de las empresas investigadas por recibir contratos supuestamente «a dedo» del Departamento de Cultura y de las cuadrillas de Álava.

Ha dejado claro que conocía a Sánchez Robles de su relación con el Araba Buru Batzar pero ha aclarado que esta era profesional y no del círculo de amistades, al tiempo que ha manifestado que no conocía a Larrañaga.

A estos contratos hay que sumar los que fueron adjudicados a Errexal y Ortzi Muga por la Diputación de Álava cuando De Miguel accedió a su cargo de diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial en 2007 por valor de casi 130.000 euros, según la Fiscalía.

De Miguel ha insistido en que no adjudicó ni licitó ningún contrato menor a ninguna empresa cuando era diputado porque la normativa foral establece que la formalización de los mismos corresponde a los directores.

También ha insistido en que no les dijo a sus directores a quién tenían que adjudicar esos contratos menores.

El Ministerio Fiscal pide 54 años, 11 meses y 15 días de cárcel para De Miguel por 27 delitos, entre ellos los de asociación ilícita, prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos. Considera que lideró un entramado societario dirigido a la obtención de contratos públicos de forma irregular y al cobro de comisiones ilegales.

La declaración de De Miguel continuará a lo largo de esta mañana en la Audiencia Provincial de Álava.

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