EFE).- La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha afirmado que si se quiere defender el sistema vasco de protección social no se pueden permitir «comportamientos fraudulentos» con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y por ello ha justificado la creación de una unidad antifraude.
Artolazabal ha comparecido en el Parlamento Vasco para explicar las diez propuestas presentadas el pasado marzo por su Departamento para mejorar el control de la RGI y la gestión de Lanbide, como la identificación de trabajadores y usuarios a través de la huella digital y la creación de un grupo antifraude, entre otras.
La consejera ha reconocido que el fraude en las ayudas sociales representa un «porcentaje pequeño», alrededor del 1 %, pero ha recalcado que si se quiere poner en valor y defender el sistema de protección que se ha construido con «esfuerzo y solidaridad» en Euskadi no se pueden «permitir estos comportamientos».
Por ello ha dicho que el Gobierno Vasco está obligado a responder con «todo tipo de medidas» desde la mejora de la inspección hasta la creación de una unidad que centralice el control del fraude y desarrolle medidas para contrarrestarlo en la que participarán trabajadores de la unidades de control interno de Lanbide y de otros departamentos en colaboración con la Ertzaintza.
«Vamos a ampliar el ámbito de actuación del convenio con la Ertzaintza para prevención, identificación y erradicación de comportamientos defraudatorios que pudieran ser susceptibles de ser calificados como delito o falta», ha indicado.
Ha insistido en que el Gobierno Vasco «para nada vincula» la pobreza a la delincuencia y que el objetivo es hacer «desaparecer» de Lanbide las acciones «inadecuada, incorrectas y delictivas» que puedan existir.
Respecto a la huella digital, ha criticado que se haya «banalizado» y se haya reducido todo el plan a esta medida, que según ha insistido, representa la utilización de las nuevas tecnologías para mejorar la gestión de Lanbide.
Ha dicho que se trata de una herramienta «segura», «eficaz» y «adecuada», que la consejería va a poner en marcha de forma piloto en una oficina de Lanbide en junio de 2017 y que prevé que antes de fin de año pueda estar ya implantada en todo el Servicio Vasco de Empleo.
Ha negado cualquier equiparación con la propuesta en esta materia impulsada por el excalde de Vitoria Javier Maroto (PP) en 2015, porque según ha dicho la implementación de la huella digital está destinada a los trabajadores y a todas las personas que van a tener una relación con Lanbide, no solo a los perceptores de la RGI.
«Para nada estigmatizamos, ni criminalizamos. Es una herramienta más destinada a la mejora de Lanbide», ha subrayado la consejera ante las críticas de formaciones como EH Bildu y Elkarrekin Podemos.
Artolazabal ha indicado que otra de las medidas a implementar es la destinada a reducir los pagos indebidos en las prestaciones y para ello se quiere aumentar la coordinación entre la Tesorería de la Seguridad Social y Lanbide con el cruce de información en tiempo real para acreditar las altas en la actividad laboral de los perceptores de ayudas.
Mientras no se produzca este cruce masivo se va a habilitar una herramienta vía móvil para que el perceptor comunique a Lanbide que su situación laboral ha cambiado para recalcular su nómina.
También ha informado de que se quiere establecer un protocolo de actuación con las policías locales para comprobar la residencia efectiva de los preceptores.
La consejera ha indicado que el pasado viernes se publicó en la web de Lanbide los criterios de tramitación de la RGI para una eficaz consulta ciudadana y profesional y que antes del verano estará listo el protocolo de actuación ante situaciones violentas o de agresión para los trabajadores de este servicio.
Artolazabal ha dejado claro que las diez medias anunciadas están dirigidas a una mejora de la gestión del Servicio Vasco de Empleo, que no cambian las condiciones de la ley que regula la RGI, cuya propuesta de modificación presentará el Ejecutivo el próximo mayo y para la que cual -ha dicho- se buscará el mayor consenso en el Parlamento.
«Son medias destinadas a la mejora de Lanbide y no simplemente a controlar el fraude», ha subrayado la consejera que ha puesto en valor la RGI para la cohesión social en Euskadi y el sistema vasco de protección social, que ha incidido en que es necesario proteger y mejorar.
vivimos en el pais que se cobra mas de RGI que trabajando