¿Y si los inmigrantes llegan formados a Euskadi?

Las Ayudas de Emergencia Social destinadas al alquiler se concederán como máximo a dos unidades convivenciales por vivienda, según el nuevo decreto que ha aprobado este martes el Gobierno Vasco.

Una unidad de convivencia es un conjunto de personas que residen de forma habitual y permanente en un mismo domicilio, por ejemplo, una pareja de hecho y sus hijos.

En 2024, un total de 55.790 personas se beneficiaron de las AES en Euskadi, lo que corresponde a 28.124 unidades convivenciales.

Según ha explicado tras el consejo de gobierno la consejera de Bienestar, Nerea Melgosa, el cambio en la financiación del pago a los ayuntamientos asegura que los municipios puedan empezar a conceder las AES desde principio de año. El importe económico previsto para el pago de las ayudas para el año 2026 es de 41,5 millones de euros.

Las ayudas de emergencia social son prestaciones no periódicas para personas cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos, como alquiler, energía, necesidades primarias, endeudamiento, mobiliario y electrodomésticos, reparaciones e instalaciones.

Los receptores de las AES deben ser mayores de 18 años y tener un mínimo de 6 meses de empadronamiento.

Otra de las novedades se refiere al número máximo de unidades de convivencia por vivienda en el pago de las AES destinadas al alquiler, que será de dos unidades de convivencia si no tienen relación entre sí y una si sí tienen relación.

Por otra parte, al determinar las personas beneficiarias y establecer la unidad de convivencia, dentro de los vínculos de parentesco, matrimonial o análogo al conyugal, se reduce el grado de consanguinidad y afinidad, que se sitúa en el segundo grado.

Dentro de este segundo grado entran hijos, cónyuges, padres, madres, hermanos, abuelos y nietos. Según la consejera, se hace así porque resulta más ajustado a la realidad de las familias vascas.

Así mismo se garantiza la protección social de las personas que participan en programa respaldados por administraciones públicas como Trapezistak, cuyo objetivo es acelerar la integración social y laboral de jóvenes sin referentes familiares en Euskadi.

Además, con el objetivo de agilizar los trámites y minimizar la burocracia se tomarán medidas para garantizar el derecho del ciudadano a no aportar datos y documentos que ya obren en poder de la administración.

En cuanto a los gastos a sufragar por las AES se pasará a definir cuáles de estos gastos por su naturaleza cabe imputar a un solo individuo y cuales son considerados como gastos comunes y divisibles entre varias personas a fin de aclarar su imputación y que no genere problemas de múltiple financiación o subvención.

41 millones de euros este año

En cuanto al modo de financiación de estas ayudas se vuelve al sistema anterior a la publicación de la Ley de la Renta de Garantía de Ingresos, de manera que los ayuntamientos no tendrán que esperar a primavera para realizar los primeros pagos.

El pago a los ayuntamientos se realizará en dos momentos diferentes dentro del año: Al inicio del año el Gobierno Vasco otorgará a todos los municipios el mayor importe de la cuantía programada dentro de los pagos para financiar las AES destinadas a las personas más vulnerables que residen en su localidad.

En los ayuntamientos que el año anterior hayan aportado alguna cuantía de sus presupuestos municipales -adelantan o completan el dinero cuando se acaba la partida inicial del Gobierno-, una vez recibidas las justificaciones de gasto se distribuirá el resto del crédito consignado.

Siguiendo este método, se está tramitando ya la orden de reparto de 37 millones de euros entre todos los ayuntamientos, para que en una vez publicado el decreto se proceda cuanto antes al pago de los créditos a los diferentes ayuntamientos o mancomunidades.

Las cuantías máximas por conceptos no varían. Por ejemplo, para gastos de energía (luz/gas) es de hasta 1.500 euros anuales, y para necesidades como ropa, educación o salud de hasta 2.500 euros anuales.

Hasta el 28 de febrero, los ayuntamientos tienen de plazo para remitir la justificación anual de todas las ayudas de emergencia social concedidas en el año 2025.

Una vez recibidas, se procederá al reparto de los 4,5 millones de euros restantes entre los municipios que hayan aportado dinero propio para estas ayudas. EFE

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