El PP ha pedido la dimisión o el cese del actual viceconsejero vasco de Seguridad, Ricardo Ituarte, por aprobar el contrato de compra de 300 coches de la marca BMW para la Ertzaintza, adquisición que contaba con un informe desfavorable, aunque no suspensivo, de la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda.
La parlamentaria popular Ainhoa Domaica ha hecho pública la exigencia de cese o dimisión del ahora viceconsejero de Seguridad que firmó este contrato en mayo del pasado año cuando era viceconsejero de Administración y Servicios de la misma consejería.
En concreto, a través del contrato al que ha hecho referencia la parlamentaria del PP el Departamento de Seguridad compró a un concesionario de Oviedo, el único que se presentó a la licitación, 300 coches marca BMW para la Ertzaintza por un montante de 21 millones de euros.
El departamento dirigido por Bingen Zupiria argumenta en un breve informe facilitado por el PP que el hecho de que se presentase una única oferta está provocado por la «dificultad» en la gestión de alianzas comerciales y apunta a que es una «tendencia» que cada vez se presenten menos empresas a las licitaciones.
También defiende las exigencias de dimensiones mínimas que debían cumplir estos coches destinados al patrullaje y con necesidades específicas para trasladar detenidos, así como que el precio de cada vehículo (70.000 euros) con sus correspondientes adaptaciones para la labor a la que se destinan responde a valores de mercado.
Domaica ha explicado que su partido pidió al Gobierno Vasco el informe que la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda emitió sobre este expediente de contratación, que concluye con la emisión de un criterio ‘desvaforable’, pero no ‘suspensivo’, en el que por tanto se señala que Seguridad «puede continuar con su tramitación si así lo considera conveniente».
Exigencias técnicas demasiado detalladas
En este informe, entre otras consideraciones, se consideran «excesivamente detalladas» las exigencias técnicas, por lo que se advierte de que «pueden estar, o al menos parecer, dirigidas a un modelo concreto de vehículo, con el que coinciden muy mucho, con el propuesto» y recuerda que es además el modelo adquirido para altos cargos del departamento en fechas anteriores «por muy inferior coste».
En este sentido, indica que una descripción «tan pormenorizada y concreta» de los requisitos del vehículo junto con el «elenco de exigencias no suficientemente justificadas», a juicio de este órgano de control, «dificulta la elección de otra marca o de otros modelos diferentes que podrían ser adecuados para el uso policial».
También apunta que en los pliegos se establecen algunos requisitos como es el tiempo de entrega de los vehículos y el importe de la fianza «más exigentes que los habituales», lo que supone una dificultad para las empresas para presentarse.
Indica además que «se ha ido a valores de mercados excesivamente altos», ya que el importe máximo «supera con mucho el que otras policías han establecido en sus contrataciones».
Por todo ello, el informe señala que «no se ha venido facilitando lo suficiente la promoción de la concurrencia» y que en el expediente se recogen las circunstancias que «dificultaban o al menos no facilitaban la presentación de otros licitadores».
Domaica ha considerado que el contenido del informe es «demoledor» porque cuestiona «el precio, la concurrencia y los requisitos» de este expediente y ha insistido en que el ahora viceconsejero de Seguridad debe abandonar su puesto por «hacer oídos sordos» de un informe, «lo que es muy grave».
Además, ha asegurado que su partido no descarta tomar más medidas en un futuro. EFE




