El PP de Vitoria ha denunciado que el Gobierno municipal de PNV y PSE incumplió el año pasado la regla de gasto al sobrepasar en 11,6 millones de euros el gasto permitido por la ley, según un reciente informe del interventor general del Ayuntamiento.

El equipo de gobierno municipal ha reconocido este dato, pero ha puesto en valor que el citado informe concluye que 2019 se saldó con equilibrio de estabilidad presupuestaria y se cumplió con parámetros como el límite de deuda y el periodo medio de pago a proveedores.

La portavoz municipal del PP, Leticia Comerón, ha denunciado en una rueda de prensa la «falta de rigor económico» e «irresponsabilidad» del alcalde, Gorka Urtaran, que no ha desarrollado «proyectos de ciudad», pero ha “despilfarrado” al aumentar “gastos superfluos y engordar la estructura municipal».

Ha asegurado en este sentido que la estructura del Ayuntamiento «creció en 14 millones en un solo año y se ha disparado en solo 2 años en 25 millones más, sin que haya mejores servicios para los vitorianos».

«El Gobierno de PNV y PSE ha vivido años de bonanza económica y los ha desaprovechado dejando al Ayuntamiento ahora en una situación económica muy delicada», ha censurado Comerón, que cree que ese gasto adicional del 11,6 millones será un «gran lastre añadido para la recuperación» al que se suma la «importante» caída de la recaudación», que rondará «los 60 millones».

En esta coyuntura, ha dicho Comerón, «lo que marca la diferencia es la situación de la que parte cada uno» y el equipo de Gobierno «no ha ahorrado nada y cuando llega una crisis de estas dimensiones no hay oxígeno en el Ayuntamiento para afrontarla de la mejor manera posible».

El Ejecutivo municipal ha informado por su parte de que el citado informe anual del interventor general, que será tratado este miércoles en la comisión de Hacienda, concluye que el Ayuntamiento cumplió con el equilibrio de estabilidad presupuestaria en 2019.

Según explica en una nota, para calcular este parámetro se suman todos los ingresos no financieros (385,3 millones en 2019) y se comparan con todos gastos no financieros (372,1 millones). Tras contrastar estas cifras y aplicar los ajustes que determina la Intervención General del Estado hay un saldo a favor de 10,4 millones.

El consistorio cumplió ademas con el límite de deuda viva, que el año pasado se situó en 78,9 millones, frente a los más de 100 que había cuando empezó la legislatura pasada (después de que el PP estuviera al frente del Ayuntamiento), ha recordado el equipo de Gobierno local.

El citado informe valora también que el periodo medio de pago a proveedores fue de 23,45 días, por debajo de los 30 días exigidos por ley.

El documento sí recoge ese exceso de gasto de 11,6 millones denunciado por el PP pero, según el teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Iñaki Gurtubai, ese incumplimiento de la regla de gasto «solo demuestra que el año pasado fue especialmente inversor, con obras como el BEI, la ampliación del tranvía al sur, la reforma del entorno del Memorial de Víctimas del Terrorismo, la reforma de la calle Médico Tornay y tantos otros proyectos de ciudad».

«Quien dejó un agujero económico de 68 millones en las arcas municipales y además sacó más de 50 millones de euros de la sociedad Ensanche 21 para alimentar gasto corriente no puede ahora querer dar lecciones de rigor económico», ha dicho Gutrubai en alusión al PP aunque sin citarlo directamente. EFE



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