Vitoria:
carmen cotelo fiscal jefe

La fiscal en el juicio por el caso de corrupción y abuso sexual de menores tutelados por la Diputación de Álava ha asegurado que las fotos muestran que las víctimas eran «críos» y ha censurado que los acusados ignoraron la cautela de pedirles el DNI para comprobar que eran mayores de edad antes de mantener un contacto sexual con ellos a cambio de dinero.

Este lunes está previsto que quede visto para sentencia el juicio por delitos de corrupción de menores, abuso sexual, exhibición de pornografía y delitos contra la salud pública que arrancó hace una semana en la Audiencia Provincial de Álava contra diez personas.

Cuatro de los procesados han llegado a un acuerdo de conformidad con las acusaciones y tras reconocer los hechos serán condenados a penas que oscilan entre 1 y 13 años de cárcel.

En la vista de hoy la Fiscalía ha elevado su petición de cárcel para uno de los seis acusados que se enfrentan a penas que van desde los 14 años a los 34 años y seis meses de prisión.

La Asociación Clara Campoamor, que ejerce la acusación popular, ha subido por su parte la petición de cárcel para los seis acusados y ahora reclama penas que oscilan entre los 30 años y medio a los 47 años y tres meses.

La fiscal jefe de Álava, Carmen Cotelo, ha remarcado que en este caso el «núcleo gordiano» está en la edad de las víctimas.

Los acusados se han escudado en sus declaraciones en que estos les decían que tenían 18 años, que por su aspecto y forma de actuar podían ser mayores de edad, y en el hecho de que se publicitaban en una página de adultos.

Sin embargo la fiscal ha subrayado que las imágenes que se tomaron a las víctimas cuando se inició la investigación en 2016 muestran que eran unos «críos» y ha pedido al tribunal que observen con «sentido común» esas fotografías.

«Nadie puede decir que esas fotos corresponden a un adulto», ha insistido Cotelo.

Además ha recordado que en el juicio las víctimas han mantenido que ninguno de los acusados les pidió el DNI y que incluso cuando alguno de ellos reconoció ante uno de los procesados que era menor, la respuesta de este fue «me da igual».

La fiscal ha remarcado que aunque los menores dijeran a los acusados que tenían 18 años, los procesados al verles deberían haber extremado la precaución y cerciorarse de la edad de estos más cuando iban a mantener contactos sexuales con ellos y ha recordado jurisprudencia que recoge esta cautela.

En opinión de la fiscal los acusados han preferido obviar esta cuestión para satisfacer sus deseos sexuales.

La representante del Ministerio Público ha reconocido las dificultades en la instrucción de este caso ya que en un primer momento las víctimas no se veían como tal y no querían colaborar, algo que también han reconocido hoy varios peritos que han declarado.

Estos han recalcado la relación «asimétrica» que existía entre acusados y menores, y que estos han necesitado madurar para tomar consciencia de su condición de víctima.

Este caso saltó a la luz en noviembre de 2016 tras una denuncia del director del centro Sansoheta de Vitoria, que entonces acogía a menores con problemas de comportamiento cuya tutela había sido retirada a sus progenitores. En la actualidad las víctimas, un total de siete, ya son mayores de edad. Algunas de ellas estaban en ese centro pero otras no estaban en él ni se encontraban bajo la tutela de Diputación alavesa.

En la causa está personada como acusación particular la entidad foral que se ha adherido a la petición del Ministerio Fiscal en relación a las víctimas que estaban bajo su tutela.

Las defensas, que presentarán sus alegaciones por la tarde, argumentan que los procesados no conocían que se trataba de menores de edad lo que les exime de los delitos que se les imputan y también han hablado de dilaciones indebidas, entre otras atenuantes. EFE



3 Comentarios

  1. Estaría bien que la señora fiscal nos facilitara datos como p.e. el número de delitos (violaciones, abusos, agresiones, robos, atracos y expoliaciones…) cometidos en lo que va de año por los que ella denomina CRÍOS, las sentencias reclamadas por ella o sus compañeros en esos casos y las que al final han recaído a esos críos acusados de los delitos.

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